México recibe flujos anuales de inversión extranjera directa que, como porcentaje del PIB, rondan alrededor del 2.5%. Este porcentaje es realmente muy bajo considerando que somos una de las economías más abiertas del mundo, con varios tratados de libre comercio (destacando obviamente el TLCAN) y con una posición geográfica envidiable al ser, junto con Canadá, los únicos dos países fronterizos con la economía más grande del orbe. La pregunta es por qué no se reciben mayores flujos de IED, obviando por el momento la incertidumbre generada por la amenaza de Trump de renegociar o inclusive abandonar el TLC, misma que puede ser un factor que, mientras se aclara el horizonte al respecto, pudiese ser un elemento que la inhiba, al menos en el corto plazo. La explicación, en mi opinión, es una de carácter estructural centrada en tres factores, mismos que también afectan a la inversión privada nacional.

El primero es la fuerte caída que ha experimentado la inversión pública en infraestructura, la cual se encuentra en niveles (como porcentaje del PIB) similares a los de hace 50 años. La restricción presupuestal a la que se enfrentan las finanzas públicas, junto con el significativo aumento del gasto corriente han hecho que la inversión pública sea la variable de ajuste y eso sin tomar en consideración que mucho del gasto en la materia ha sido ineficiente y con valor presente negativo (como por ejemplo mucha de la inversión realizada por Pemex). Inversión pública en infraestructura, principalmente en electricidad, comunicaciones y transportes y parques industriales e inversión privada son claramente complementarios. El que la inversión pública en estos rubros haya caído, ha inhibido una mayor inversión privada.

Segundo, el enorme, complicado y costoso tejido regulatorio. Gran cantidad de barreras regulatorias en los tres niveles de gobierno claramente son un elemento que inhibe la inversión, particularmente la extranjera. Innumerables trámites que hay que realizar ante diferentes instancias burocráticas, muchas de ellas inclusive contradictorias (un verdadero “catch 22”) imponen enormes costos que reducen la rentabilidad esperada de la inversión. A ello hay que agregar la enorme incidencia de corrupción que se deriva de la aplicación discrecional de esta regulación al poder la burocracia actuar como buscadores de rentas, extorsionando años agentes económicos privados, hecho que también impacta negativamente a los flujos de inversión.

Tercero, la notoriamente ineficiente garantía judicial del cumplimiento de contratos. Juzgados estatales (en los cuales se dirimen casi todas controversias en materia mercantil) caracterizados por su ineficiencia e ineficacia y en muchas ocasiones procesos que también están plagados de corrupción, es un elemento más que inhibe la inversión. En un vistazo a prácticamente cualquier comparativo internacional en materia de competitividad como elemento que atrae o inhibe la inversión extranjera resalta que el elemento negativo más importante es esta deficiencia jurídica, lo que sin duda es el eslabón más débil del arreglo institucional. Sin una eficiente protección jurídica de los derechos privados de propiedad, México pierde atractivo frente a otros países para atraer flujos de inversión extranjera.

Es cierto que el riesgo expropiatorio de la inversión extranjera en México es muy bajo particularmente debido a los diferentes tratados que se han firmado para darle protección al capital extranjero pero ello no resuelve, ni compensa, los tres elementos arriba señalados. Para atraer mayores flujos de IED, así como para impulsar la inversión nacional, hay que actuar sobre éstos. De no ser así, México a pesar de su potencial, seguirá siendo un polo poco atractivo frente a otros países que buscan atraer estos flujos de capital.