Un manejo irresponsable de las finanzas públicas aunado a la violación de los derechos privados de propiedad son la combinación perfecta para destruir una economía.
Como no se me ocurre un tema particular sobre el cual escribir esta columna, la dedicaré a algunas notas sueltas.
Como apunte en el artículo de la semana pasada, la economía no está en una situación crítica, aunque claramente no está en una situación boyante. Se espera que este año el crecimiento sea de alrededor de 1.5%, uno más sumidos en la mediocridad. Un contexto económico internacional relativamente débil obviamente influye negativamente sobre el crecimiento, particularmente por el lado de la demanda de exportaciones mexicanas, pero también hay otros elementos relevantes entre los que destacan un menor flujo de inversión, tanto nacional como extranjera, derivado de la incertidumbre respecto de la renegociación del TLCAN, así como un menor crecimiento del consumo interno privado aunado a que la contribución neta del gasto público a la generación de valor agregado (gasto corriente más inversión pública) es nula o inclusive negativa. Alcanzar mayores tasas de crecimiento requieren cambios significativos en muchos renglones del arreglo institucional.
Ligado con lo apuntado al final del párrafo anterior, destaco tres: Primero, no existe por parte del gobierno un compromiso serio de combate a la corrupción y este fenómeno conlleva un alto costo en términos de crecimiento económico y de bienestar para las familias; la corrupción es un juego de suma negativo. Segundo, no existe al nivel de los gobiernos estatales y municipales la intención de dotar a los agentes económicos privados de un entorno regulatorio eficiente ya que actúan como maximizadores de rentas (otra fuente de corrupción). Crear y hacer crecer empresas en México es notoriamente costoso por todas las regulaciones a las que se enfrentan en los tres órdenes de gobierno lo que deriva en un que una parte significativa de la actividad económica se lleva a cabo en la informalidad en unidades de producción muy pequeñas, poco productivas y con baja generación de valor agregado, lo que se constituye como un lastre al crecimiento económico. Tercero, la garantía judicial del cumplimiento de contratos es notoriamente ineficiente; éste es el eslabón más débil del arreglo institucional y nadie hace nada al respecto, a nadie le parece importar.
Destruir una economía es relativamente fácil, como lo demuestra el caso venezolano. Un manejo irresponsable de las finanzas públicas aunado a la violación de los derechos privados de propiedad (expropiaciones, controles de precios, etcétera) son la combinación perfecta para destruir una economía. Esta, que es una lección que debería quedarle clara a los gobernantes en cualquier país, en cualquier momento, parece ser muy difícil de aprender, tal como lo vemos en la actuación de muchos gobiernos y más aún con las promesas vertidas por diferentes candidatos en diferentes procesos electorales (lo que vemos en el Estado de México es un buen ejemplo, así como lo veremos en las campañas presidenciales el próximo año). Dos cosas son cruciales para que una economía prospere: un manejo responsable de las finanzas públicas y el respeto absoluto de los derechos privados de propiedad; sin ellas, no hay manera de lograr un proceso sostenido de desarrollo económico.
Disfruten sus vacaciones. No se endeuden más allá de sus verdaderas posibilidades de pago ya que no vale la pena hipotecar el futuro de sus hijos solo por disfrutar una semana de vacaciones.
EntrarTanta sociedad como sea posible, tanto gobierno como sea necesario.