Obviamente las noticias más relevantes de la semana pasada giran en torno a la corrupción: las aprehensiones de Tomas Yarrington y de Javier Duarte así como lo señalado por un directivo de la empresa brasileña Odebrecht sobre un posible soborno de cinco millones de dólares a Emilio Lozoya, ex-director general de Pemex. Estos tres casos se agregan a muchos otros que pintan lo sucio que es el sistema económico - político de México. No por nada, nuestro país se sitúa en el lugar 123 de 176 países evaluados en el Índice de Percepción de la Corrupción elaborado por Transparencia Internacional, con una calificación de 3.0/10. Como he señalado en ocasiones anteriores, la corrupción es un juego de suma negativo, lo que implica un alto costo en el bienestar de la población así como menores tasas de crecimiento económico. En consecuencia, limpiar el sistema es crucial para lograr altas y sostenidas tasas de expansión de la economía y alcanzar mayores niveles de desarrollo económico.

Limpiar el sistema se dice más fácil que hacerlo, sin embargo hay al menos cuatro aspectos centrales que requieren ser atendidos. Primero, seguir adelante con la construcción del Sistema Nacional Anticorrupción designando el fiscal especial en la materia, así como los magistrados del Tribunal Superior de Justicia Administrativa. Tanto el presidente de la República como el Senado no avanzan al respecto, quizás porque lo ven como una amenaza a sus propios intereses y el de sus allegados políticos y empresariales. México no puede esperar más; el costo es enorme.

Segundo, es imperativo promulgar una nueva Ley de Obras Públicas que derive en un proceso más transparente y eficiente en la asignación de recursos públicos asignados a la construcción de infraestructura así como a la asignación de contratos de proveeduría en las compras gubernamentales. La opacidad imperante en la actualidad es una fuente de desvío de recursos y por lo tanto de corrupción. Aquí, nuevamente, el Congreso no avanza.

Tercero, es crucial construir una eficiente y transparente regulación de los mercados en los tres niveles de gobierno. Tener una regulación que le permite a quienes la administran interpretarla y aplicarla discrecionalmente, les permite actuar como buscadores de rentas extorsionando a los agentes económicos privados, sean empresas (en cuyo caso se apropian de una parte de las utilidades de las empresas lo que se traduce en menor inversión) o en el caso de las familias (en cuyo caso se apropian de una parte del ingreso familiar). Una excesiva, ineficiente y poco transparente regulación de los mercados es una de las principales fuentes de corrupción y acarrea un enorme costo para la economía.

Cuarto, no hay que olvidar la corrupción que impera en la procuración y administración de justicia. Policías, ministerios públicos y jueces corruptos nos ponen muy lejos de un íntegro estado de derecho, uno en donde la ley se le aplique a todos por igual. Pero más allá de la impartición de justicia en el ámbito penal, también es imperativo atender la corrupción e ineficiencia que impera en los juzgados cuando se trata de que el poder judicial cumpla con su papel de garantizar el cumplimiento de contratos. Este es, sin duda, uno de los eslabones más débiles del arreglo institucional lo que deriva en una asignación ineficiente de recursos productivos así como en menor inversión y crecimiento.

Habernos desenvuelto, como país, bajo un sistema sucio, ineficiente y corrupto ha sido notoriamente costoso y el resultado está a la vista: relativamente bajos niveles de desarrollo, altos niveles de pobreza y una alta inequidad en la distribución de la riqueza.