En artículos anteriores señalé que cuando todos los mercados operan en un contexto de competencia se maximiza simultáneamente el bienestar de los demandantes y los oferentes de un bien o servicio y que en este contexto, la búsqueda de la maximización del bienestar individual tendería a derivar en la maximización del bienestar social. Para que esto pudiese suceder tendrían que darse varias cosas, principalmente que existe la libre movilidad de todos los factores de la producción (ningún tipo de barrera a la entrada y salida de los mercados), no existen los costos de transacción, mercados totalmente atomizados, existe información perfecta, todas las empresas son idénticas (tamaño y tecnología) y todos los agentes económicos son, en todo lugar y tiempo, racionales.

Como se desprende de estos supuestos, notoriamente rígidos (puramente teóricos), esto no sucede en la realidad. En este artículo analizaré lo que se conocen como las fallas de los mercados, mismas que justifican la intervención del gobierno, casos en los que dejar que el mercado opere libremente, el equilibrio resultante no es socialmente óptimo. Destaco dos: externalidades y bienes públicos (en el siguiente abordaré el caso de las prácticas monopólicas y el de riesgo moral).

Una externalidad se puede definir como aquella situación cuando la acción de un agente económico genera, sin intención, un efecto sobre terceros agentes. Ésta es negativa cuando el agente en cuestión, además de incurrir en los costos propios de su actividad, impone sobre terceros costos adicionales (por ejemplo, el uso del automóvil que genera contaminación ambiental) y positiva cuando un agente obtiene un beneficio directo de su actividad pero además terceros agentes también se benefician (por ejemplo, la decisión de un individuo de invertir en su capital humano).

Debido a la existencia de costos de transacción, en el caso de una negativa, el agente que impone costos a terceros no puede compensarlos directamente por el daño causado, mientras que en una positiva los terceros agentes beneficiados no pueden transferir parte de ese beneficio obtenido a quien directamente lo causó. Estas situaciones ameritan la intervención del gobierno, un impuesto en el caso de una negativa (por ejemplo uno al uso del automóvil, no a la tenencia) y un subsidio en el caso de una positiva (por ejemplo, uno a la educación).

Un bien público es aquel que la sociedad en su conjunto demanda y obtiene un beneficio de que éste se ofrezca pero que por sus características, un equilibrio privado resultaría en una cantidad menor a la socialmente óptima. Un bien público "puro" tiene dos características. Primero, no hay exclusión en su consumo es decir, un agente privado lo puede consumir aun sin pagar por él. Segundo, no hay rivalidad en el consumo es decir, si un agente consume una determinada cantidad del bien, no disminuye la cantidad disponible para el resto de los agentes económicos. Ejemplos serían seguridad nacional, seguridad pública, impartición de justicia, alumbrado en las calles, etcétera (vale la pena señalar que la gasolina no es un bien público aunque sea el gobierno quien la ofrezca). Dada la característica de no exclusión en el consumo, los agentes económicos privados no tendrían el incentivo para ofrecerlos ya que no sería rentable, por lo que es papel del gobierno y financiar su producción con impuestos.

Faltando analizar otros dos casos que directamente justifican la intervención gubernamental (y en otro artículo trataré otros aspectos del papel del gobierno en la economía), es posible adelantar una conclusión: aunque en general los mercados privados son eficientes, existen casos que justifican la intervención del gobierno para moverse hacia un mayor bienestar social.

*Este artículo fue publicado originalmente en El Economista.