En artículos anteriores señalé que en una economía de mercado, con los derechos privados de propiedad eficientemente definidos en el marco legal (incluyendo sus cuatro elementos: derecho a la posesión, derecho al uso, derecho a la transferencia en transacciones enteramente voluntarias y la validez de estos tres derechos ante un poder judicial independiente e imparcial), un arreglo competitivo de los mercados tiende a lograr una asignación eficiente de los recursos escasos que cada agente económico posee. Asimismo, señalé que este arreglo tiende a lograr la maximización del bienestar individual y, bajo ciertas condiciones (por ejemplo pocas fallas de mercado y bajas barreras de entrada y salida), esto también tiende a maximizar el bienestar de la sociedad.

Es entonces que una de las principales funciones del gobierno es procurar que los mercados, bienes, servicios y factores de la producción, operen en condiciones de competencia, uno en donde exista igualdad de oportunidades de acceso con bajas barreras a la entrada y salida de los mercados. En consecuencia, es también papel del gobierno evitar y en su caso perseguir y penar las prácticas monopólicas.

Un monopolio o una práctica monopólica genera un costo en el bienestar de la sociedad derivado de que se restringe la cantidad ofrecida por debajo de lo que se ofrecería si el mercado operase en condiciones de competencia y además, el precio que pagan los demandantes es a su vez mayor. Claramente los perjudicados por una práctica monopólica son los demandantes, quienes transfieren al monopolista una parte de su excedente de bienestar, lo que constituye la renta monopólica.

El papel del gobierno es entonces eliminar todas aquellas regulaciones que impiden la participación de más empresas en el mercado. Además también es su papel regular las prácticas monopólicas, imponiendo sobre el monopolio una regulación de precios máximos para inducir al monopolio a operar y ofrecer como si se tratase de un mercado en competencia. Es el único caso que justifica la imposición de precios máximos; cuando se aplican en mercados competitivos, generan una distorsión que provoca una perdida en el bienestar social.

También es papel del regulador penar aquellas prácticas realizadas por una empresa con poder sustancial de mercado para sacar a potenciales competidores o evitar que puedan ofrecer libremente el bien producido, como también es función del regulador penar aquellos casos cuando un grupo de empresas se coluden para actuar en conjunto como un monopolio.

Existe, por otra parte, un caso en el cual se justifica la existencia y protección gubernamental de una práctica monopólica que es el de la explotación de una invención o mejora tecnológica. En este caso, la explotación de una patente, por tiempo limitado, le permite al inventor apropiarse de una renta como retribución de su labor de investigación. Inclusive, vale la pena señalar que si el mercado operase en competencia, con todas las empresas siendo similares, no habría innovación tecnológica, siendo que ésta se constituye como la principal fuente de aumento en la productividad factorial total y la principal fuerza detrás del crecimiento económico sostenido y del progreso de la humanidad.

Así, con excepción de este último caso, el papel del gobierno es sentar las condiciones institucionales, particularmente en el marco legal y regulatorio para que los mercados operen en competencia. Los principales beneficiados son los consumidores, que con los recursos escasos que poseen, les permite alcanzar mayores niveles de bienestar.