A lo largo de esta serie de artículos he postulado que una economía de mercado, basada en la propiedad privada de los medios de producción con mercados que operan en competencia (incluyendo bienes, servicios y factores de la producción), tiende a maximizar el bienestar de los agentes económicos familiares y, bajo determinadas condiciones, también tiende a maximizar el bienestar de la sociedad en su conjunto. Una economía de mercado no es perfecta, pero es la menos imperfecta de todas las alternativas posibles y, aquí es crucial señalar, una economía bajo este arreglo institucional no puede funcionar adecuadamente ni alcanzar sus objetivos sin un gobierno que cumpla eficientemente con sus funciones legítimas.

Una primera función del gobierno es dotar a la sociedad de un marco legal y regulatorio que tenga los siguientes tres elementos: a) definir eficientemente los derechos privados de propiedad con sus tres componentes (libertad de posesión, de uso y de transferencia); que procure que los mercados operen en un contexto de competencia con bajas barreras regulatorias de entrada y salida; y, c) que sea lo suficientemente flexible para permitir el surgimiento de nuevos mercados. En la misma línea de la libertad individual, el gobierno tiene que garantizar la plena vigencia y ejercicio de los derechos negativos, es decir aquellos que naturalmente deben tener los individuos como son las libertades de pensamiento, de creencia, de expresión y de manifestación de ideas.

Una segunda función es contar con un poder judicial independiente, imparcial, eficiente y expedito que garantice los derechos de propiedad en contra de actos de terceros (incluido el propio gobierno) y garantice el cumplimiento de los contratos.

Tercera, regular y en su caso perseguir y penalizar las prácticas monopólicas y monopsónicas que imponen un costo en el bienestar de la sociedad y que les permite a quienes las ejercen de apropiarse de rentas, es decir tener un ingreso por arriba de su contribución al ingreso nacional.

Una cuarta función es intervenir para corregir las fallas de mercado, destacando tres: la provisión de bienes públicos (aquellos caracterizados por la no exclusión y no rivalidad en el consumo), la corrección de externalidades (o efectos externos) positivas y negativas y finalmente regular aquellos mercados en los cuales por la presencia de información asimétrica, pueda generarse un problema de riesgo moral, es decir uno en donde las pérdidas privadas se socializan (por ejemplo, el sistema financiero).

Quinta, como parte de procurar la existencia de mercados competitivos, es papel del gobierno garantizar la libre movilidad internacional en tres mercados: bienes y servicios, capitales y laboral, lo que implica no imponer medidas proteccionistas que aíslen a los mercados nacionales.

Una sexta función es, a través de un banco autónomo (con independencia política y económica), procurar que haya un entorno macroeconómico de estabilidad, es decir uno caracterizado por bajas y estables tasas de inflación.

Séptima, intervenir de manera subsidiaria y con carácter temporal, en situaciones extremas como por ejemplo algún desastre natural que afecte a la población. No solo es papel del gobierno reconstruir la infraestructura que se hubiese dañado, sino también proveer a la población de bienes y servicios básicos como alimentos, servicios de salud y alojamiento. Inclusive puede darse el caso de que, como consecuencia de la disrupción de la actividad económica sea justificable, también de manera temporal, realizar transferencias directas al ingreso familiar.

Finalmente, como una de las funciones del gobierno es procurar la igualdad de oportunidades, hay casos en los cuales se justifican ciertas transferencias gubernamentales, mismas que trataré en el siguiente artículo.