El marco legal que rige la interacción de los agentes económicos (individuos, empresas, gobierno, sindicatos, etcétera) debe tener dos funciones básicas: definir eficientemente los derechos privados de propiedad y procurar que todos los mercados operen en un contexto de competencia. Además, éste tiene que ser lo suficientemente flexible para permitir el surgimiento de nuevos mercados que reflejen, por una parte, las necesidades cambiantes de los consumidores y, por otra, la invención de nuevos procesos, bienes y servicios.

La existencia de mercados que operen en competencia es la condición necesaria para que se cumpla el principio de que las transacciones de intercambio sean enteramente voluntarias. Cuando los demandantes se enfrentan a un monopolio este principio se violenta ya que la transacción, estrictamente deja de ser voluntaria (el demandante mantiene su libertad de no adquirir el bien ofrecido por el monopolista, pero a costa de dejar de satisfacer una necesidad). Además, un monopolio impone sobre la sociedad un costo en bienestar. Es por ello que es papel del gobierno eliminar cualquier regulación que entorpezca la competencia, así como perseguir y penalizar las prácticas monopólicas.

En la misma línea de procurar que los mercados operen en competencia, es que es papel del gobierno procurar que exista igualdad de oportunidades de acceso a los mercados, más allá de la libertad plena que deben tener todos los individuos para ejercer su derecho de adquirir los bienes con los cuales satisfacer sus necesidades. Y es en este rubro en donde en algunos casos (situaciones y mercados particulares) que se justifica que se utilicen recursos públicos para realizar transferencias. Dos casos: pobreza extrema y capital humano, ambas de alguna manera ligadas entre sí.

En el caso de pobreza, puede justificarse que aquellas familias cuyo ingreso no les permite acceder a una canasta de bienes que les permitan satisfacer sus necesidades consideradas como básicas (alimentación, servicios de salud y vivienda) reciban una transferencia. En este caso, se podría establecer una línea mínima de bienestar e implementar un esquema similar a un impuesto sobre la renta negativo temporal y condicionado a la capacitación laboral y búsqueda activa de empleo y la asistencia de menores de edad al sistema escolar y de servicios de salud.

En lo que respecta al capital humano, es papel del gobierno garantizar el acceso al sistema educativo y de salud y, dada la externalidad positiva que la acumulación de capital humano genera (hasta la educación media superior), utilizar recursos públicos para su financiamiento. La provisión de servicios educativos puede ser mixta (gubernamental y privada) y validar la garantía de acceso con "vouchers", tal como lo propuso John Stuart Mill, idea que después retomó Milton Friedman. Este esquema garantiza el acceso al sistema y simultáneamente otorga la libertad de elección.

Aunque puede ser deseable una mayor equidad de la distribución de la riqueza y del ingreso, no tiene que ser papel del gobierno procurar la igualdad de resultados. Cada individuo nace con diferente herencia genética por lo que tiene habilidades diferentes, acumula diferente capital humano a diferente tasa y alcanza diferente nivel. Además, cada uno tiene sus propias preferencias que desea satisfacer y con diferente intensidad. Finalmente, cada individuo tiene diferentes preferencias intertemporales. Bajo igualdad de oportunidades, el resultado para cada individuo será diferente. Cuando el gobierno busca igualdad de resultados inhibe la mejora individual, se entromete en la esfera privada y termina repartiendo equitativamente la miseria.

Igualdad de oportunidades, nunca igualdad de resultados. Ese es el papel del gobierno.