Como he señalado en artículos anteriores, en una economía de mercado el gobierno tiene funciones cruciales que cumplir, destacando la provisión de un marco legal y regulatorio que defina eficientemente los derechos privados de propiedad y procure que los mercados operen en un contexto de competencia, la protección y garantía de los derechos privados de propiedad, la corrección de las fallas de mercado (bienes públicos y externalidades), regulación de mercados donde la información asimétrica pueda generar problemas de riesgo moral, provisión de servicios municipales, la regulación y penalización de prácticas monopólicas y monopsónicas, así como realizar cierto tipo de transferencias como son el financiamiento de educación y salud, transferencias personales al ingreso para aquellos individuos por debajo de una línea mínima de bienestar y casos de subsidiariedad transitoria. Obviamente todo ello implica un determinado gasto público, el cual hay que financiar.

Hay solo dos fuentes para financiar el gasto gubernamental: impuestos y deuda no monetaria (el financiamiento del banco central no es una fuente válida dado que, además de ser un impuesto expropiatorio que viola los derechos privados de propiedad, es incompatible con el objetivo de estabilidad de precios). Las preguntas son: cuál es el diseño tributario correcto y cuál tiene que ser la política de endeudamiento.

El diseño tributario debe tener dos objetivos. Primero proveer al gobierno de una fuente de ingresos suficientes y estructuralmente sólida para financiar sus funciones legítimas. Segundo, que los incentivos que se deriven de este diseño sean compatibles con el objetivo de un crecimiento económico sostenido, uno que no castigue en el margen el trabajo, el ahorro y la inversión. Hay cuatro tipos generales de impuestos: al ingreso, al consumo, especiales y a la propiedad.

Por lo que toca a los impuestos al ingreso, hay dos sujetos: individuos y empresas. El impuesto al ingreso de los individuos tiene que ser uno a tasa única y proporcional (flat tax) aplicable a los ingresos totales brutos (incluyendo ganancias netas de capital) menos una deducción única. Este diseño garantiza que no se castigue en el margen el trabajo y el ahorro y se logra la progresividad del mismo. El impuesto a las empresas tiene que ser uno a tasa única y la base gravable serían los ingresos brutos deduciendo adquisición de insumos y materias primas y la inversión realizada en capital en ese mismo periodo.

El impuesto al consumo tiene que ser uno sobre el valor agregado y homogéneo. La homogeneidad garantiza que el impuesto no distorsione los precios relativos y la asignación sectorial de los recursos y que no sea fácilmente de evadir y eludir. Este impuesto tiene que ser el corazón de los ingresos tributarios. Una alternativa es un impuesto al consumo diseñado a tasa única en donde la base gravable fuese el ingreso bruto de los individuos menos el flujo de ahorro financiero (supone obviamente que todas las transacciones en la economía se realizan a través del sistema financiero). Con este impuesto, desaparecería el impuesto al ingreso de los individuos.

Los impuestos especiales son principalmente al consumo en bienes específicos como alcohol, tabaco, drogas y azúcar. Son aplicables a bienes con demandas inelásticas y corrigen una externalidad negativa. En el mismo sentido es un impuesto especial sobre emisiones de carbono (uso de todos los hidrocarburos, incluyendo la gasolina).

Finalmente, el impuesto a la propiedad, particularmente el impuesto predial, tiene que ser la principal fuente de ingreso para los gobiernos locales. En este caso, tiene que aplicarse a tasa única siendo la base gravable los inmuebles valuados a precios de mercado.

Impuestos simples de aplicar y de fiscalizar.