No cabe duda que los niveles salariales en México son bajos, no solo el mínimo sino en prácticamente toda la escala laboral y en todos los sectores de actividad. En su artículo "TLCAN y el debate sobre salarios en México" publicado este mes en la revista Nexos, Oscar Elton y José Merino muestran evidencia de que los salarios en México están muy por debajo de lo que correspondería al nivel de ingreso por habitante que tiene la economía mexicana en comparación con otros países de ingreso similar y claramente muy inferiores a los de nuestros socios comerciales del TLC, además que la evolución del salario en el sector manufacturero no ha reflejado el aumento de la productividad.

Obviamente son muchos los factores que influyen en la determinación de los salarios pero en la discusión vigente sobre si aumentarlos y en cuánto (particularmente referida al salario mínimo), poca atención reciben los elementos de carácter institucional que son importantes. Quiero referirme a dos de estos derivados de la legislación laboral y que impactan tanto en la estructura del empleo formal e informal como en los niveles salariales, el mínimo y los demás.

En primer lugar destaca el esquema de financiamiento del sistema de seguridad social. Legalmente, las empresas formalmente constituidas (registradas ante el SAT y el IMSS), tienen que realizar contribuciones al IMSS, al INFONAVIT y las cuentas individuales de retiro bajo el esquema del SAR, de forma tal que el costo laboral unitario nominal equivale a alrededor de 1.3 veces por cada peso pagado de salario bruto registrado ante el IMSS, contribuciones que pueden ser analizadas como un impuesto al empleo formal. Dado que en el mercado laboral agregado la oferta de mano de obra tiene pendiente positiva y la demanda pendiente negativa, la incidencia efectiva de este "impuesto" recae en parte sobre las mismas empresas (los demandantes) y en parte sobre los trabajadores (los oferentes), quienes obtienen un salario inferior a que si estas contribuciones fuesen menores.

Un segundo elemento lo constituye la disposición constitucional (fracción IX del artículo 123) relativa a la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas (PTU). En el inciso "e" de esta fracción se establece que: "Para determinar el monto de utilidades de cada empresa se tomará como base la renta gravable de conformidad con las disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta". Si partimos de que el mercado laboral agregado opera en condiciones de estructura de mercado cercanas a la competencia (no hay razón para suponer que se trate de una estructura monopsónica) y que la mayor parte de los sectores de actividad tienen también estructuras de competencia, entonces el pago anual a los trabajadores debe reflejar el valor de lo que aportan a los ingresos y utilidades de las empresas (el valor de la productividad de los trabajadores).

Al establecer que la base de cálculo del PTU son las utilidades brutas de las empresas sujetas al pago del ISR, el reparto de utilidades tiene dos efectos. El primero es que constituye un gravamen adicional al ISR sobre las ganancias. El segundo es que al no ser considerado este pago legalmente como parte del costo laboral (cuando de hecho lo tendría que ser), las empresas compensan este costo adicional pagando a sus trabajadores un flujo anual de salarios menor, de forma tal que la suma de ambos (salario más PTU) reflejen el valor de la productividad de la mano de obra.

Son solo dos elementos a considerar. Hay otros, pero se acabó el espacio.

*Este artículo fue publicado originalmente en El Economista.