A pesar de haberse publicado en los últimos días del año, mi artículo de la semana pasada sobre el debate entre qué deben priorizar las políticas públicas, abatir la desigualdad o generar riqueza con mayor crecimiento de la economía que permita eliminar la pobreza, generó un buen número de comentarios.

Pasmosamente, varios de ellos persistieron en la tesis que la principal crítica de la economía de mercado radica en permitir y hasta alentar las diferencias en la distribución de la riqueza y del ingreso, más que en consentir que haya pobreza.

Ello se debe a que numerosos economistas repiten la cantaleta que entre 1980 y 2016, el 1% de la población más rica del mundo se apropió del 28% del aumento de los ingresos totales de la población, mientras que el 50% más pobre se quedó sólo con el 9% del tal incremento. Éste fenómeno fue mucho extremo en Estados Unidos, donde el 1% de arriba acaparó lo mismo que el 88% de los demás.

Estas cifras se sustentan en el trabajo estadístico masivo emprendido por el Laboratorio de inequidad mundial (LIM) de Thomas Piketty, el debatidamente célebre economista francés que ganó fama con El capital en el siglo XXI, y sus copartícipes, que publican un informe anual que pretende “contribuir a un debate democrático global mejor informado sobre la desigualdad económica.”

Cada vez que encuentro el sobriquet “democrático” en un sitio que no le corresponde, como en el nombre de regímenes autoritarios en la República Democrática Popular de Corea o en la hoy extinta República Democrática de Alemania, de inmediato mi instinto me lleva concluir que se trata exactamente de lo opuesto.

Pero independientemente de mis malicias sobre las intenciones del LIM lo interesante es que en ningún momento de su farragoso reporte, informa que el período en el que centra su análisis es en el que ha habido el mayor número de pobres que han dejado de serlo, sobre todo en China y la India con su enorme peso demográfico mundial.

El reporte de marras lamenta que haya crecido la riqueza en manos privadas a costa del declive en la propiedad gubernamental, y deplora que la vivienda, que en los antiguos países comunistas era monopolio estatal, se haya privatizado, con lo que se “limita la habilidad del gobierno para regular la economía, redistribuir el ingreso y mitigar la creciente desigualdad.”

No pretendo defender el fallido modelo de privatización que se adoptó en la antigua Unión Soviética, que básicamente significó la transferencia de riqueza de un gobierno incompetente, a las manos de operarios que algo sabían de su manejo, y de los agentes en los mercados negros de la antigua economía centralmente planificada, que fueron quienes hicieron posible que el sistema sobreviviera varios años más.

Lo que me parece inaceptable del reporte de Piketty y sus cófrades es que lamenten que cientos de millones de personas en la ex-Unión Soviética y en China hayan podido acceder, por primera vez en generaciones, a tener vivienda propia y a poseer los medios básicos para vivir en una economía mixta, en vez de permanecer bajo el yugo inmarcesible y nada democrático de sus feroces dictaduras.

Los autores presentan un índice mundial, aunque limitan su análisis a EU, principal objeto de sus críticas, la UE, China, Rusia y un puñado de otras naciones, y en Iberoamérica solo examinan a Brasil, limitación que no les impide generalizar sus conclusiones al orbe entero.

Quedando al descubierto la tendencia ideológica del reporte, que se dice ser académico pero que tiene un claro sesgo doctrinario muy lejano al “debate democrático” que dice proponer, vale la pena que el lector le eche una mirada para que pueda llegar a sus propias conclusiones.