Suena atractivo: imponer precios máximos a bienes o servicios para favorecer a los demandantes. Se argumenta que este tipo de política es necesaria cuando los consumidores no tienen el ingreso necesario para adquirir un bien al precio determinado libremente en el mercado. El problema es que quienes terminan perjudicados con tal medida son precisamente a quienes se buscaría beneficiar. Salvo en el caso de una práctica monopólica que justificaría un precio máximo como mecanismo regulador, en la mayoría de los casos su imposición se constituye como una distorsión que genera un costo en bienestar social, recayendo la mayor parte de éste sobre los demandantes.

El primer efecto negativo de un precio máximo es generar desabasto; por una parte aumenta la cantidad demandada del bien y, por otra, se reduce la cantidad ofrecida del mismo; los consumidores pierden por tener a su disposición una cantidad menor que la que se hubiese ofrecido sin el control del precio. El segundo efecto negativo es que al haber en el mercado una menor cantidad del bien los demandantes terminarán pagado, de una u otra forma, un precio efectivo mayor al precio máximo e inclusive mayor al precio que hubiese estado vigente en un mercado libre como mecanismo para racionar la menor cantidad ofrecida.

Varias son las formas que puede tomar ese precio efectivo mayor: a) un componente de tiempo es decir, "hacer cola"; el tiempo no es gratis, tiene un costo de oportunidad por lo que hacer cola cuesta y le cuesta relativamente más a individuos de menor ingreso; b) una reducción en la calidad del bien (más agua a la leche, deterioro de los inmuebles en arrendamiento, tortillas producidas con el olote de la mazorca, etcétera); c) reventa a un precio mayor al facial; d) "ventas atadas" (cuando se obliga al consumidor a adquirir un bien, lo quiera o no, para poder comprar el que tiene precio máximo). Y muchas otras formas mediante las cuales el demandante termina pagando un precio efectivo mayor. Los precios máximos son el mecanismo más eficiente para destruir los mercados.

Lo anterior viene a colación por la propuesta de los diputados del PRD para que el Banco de México fije una tasa de interés máxima de 35% sobre cualquier crédito otorgado en el sistema financiero. Cuando un intermediario financiero determina la tasa de interés que cobra sobre el crédito toma en consideración cinco elementos: el costo del fondeo, el costo por intermediación, la probabilidad de que el deudor no cubra en tiempo y forma los pagos correspondientes (amortización e intereses), el costo de recurrir al poder judicial para recuperar el crédito otorgado y/o las garantías otorgadas y las tasas de interés que cobran los competidores.

La imposición de tasas de interés máximas tendría como primer efecto negativo una reducción en la cantidad ofrecida de recursos crediticios. Además, los demandantes terminarían pagando una tasa de interés efectiva mayor a través de diferentes mecanismos como son comisiones o la exigencia de mantener un monto promedio mayor, sin poder ser utilizado, en una cuenta de cheques (reciprocidad).

No hay crédito más caro que el que no hay y la imposición de tasas de interés máximas tendría como resultado una reducción en el nivel de intermediación financiera. Tasas de interés máximas sería la forma más efectiva para minar al sistema financiero, reduciendo la competencia y encaminándolo a su destrucción.

Cuando se escucha una propuesta de precios máximos hay que actuar como Ulises en la Odisea: taparse los oídos con cera y atarse al mástil para no escuchar el canto de las sirenas, porque de no hacerlo el resultado sería el naufragio.