Andrés Manuel López Obrador afirmó: "vamos a establecer precios de garantía y se producirá en México lo que consumimos". No queda claro de su afirmación si es una propuesta limitada al maíz o incluye todos los productos agrícolas (chile, calabacita, verdolaga, trigo, jitomate, cebolla, cilantro, cebollitas cambray, aguacate, etcétera). Suponiendo que solo fuese maíz, es importante destacar que en 2016 las importaciones totales de maíz ascendieron a 13.8 millones de toneladas, de las cuales 12.7 millones fueron de maíz amarillo utilizado principalmente para alimento animal; en maíz blanco, que es el que mayoritariamente consume directamente el mexicano, somos prácticamente autosuficientes.

Como sea (solo maíz o todo lo que comemos), una política de precios de garantía en el sector agrícola es una pésima propuesta de política por las enormes distorsiones que genera, además del costo fiscal que ello implica. Es claro que López Obrador no entiende el concepto de ventajas comparativas ni las ganancias derivadas del comercio internacional. Pero supongamos,  por simplicidad, que la propuesta fuese únicamente para el maíz blanco.

Primero, dado que se puede considerar la tierra agrícola como un recurso fijo, incentivar la producción de maíz con un precio de garantía implica, necesariamente reducir la cantidad de ese recurso (y de los otros como son capital, mano de obra e insumos intermedios como son fertilizantes e insecticidas) a la producción de otros bienes. Si observamos la composición de la producción agrícola total y las exportaciones de estos bienes, es claro que la ventaja comparativa de México está en la producción de frutas, verduras y hortalizas, mismas que caerían por incentivar la producción de maíz, de paso eliminando el superávit comercial agrícola que tenemos.

Segundo, con este cambio en la composición de la producción derivada del precio de garantía, el valor agregado en el total de la agricultura por unidad de tierra empleada (al igual que el valor agregado por unidad de mano de obra empleada) se reduciría. El sector agrícola como un todo perdería.

Tercero, la imposición de un precio de garantía en el maíz requeriría, necesariamente, de un ente gubernamental que lo validara, es decir, tendría que haber una agencia del gobierno que estuviese dispuesta a adquirir todo el maíz que se le ofreciese a ese precio. En el pasado este papel lo desempeñó CONASUPO. Esta agencia actuaría como un intermediario entre los oferentes y los demandantes a quienes habría que venderle el bien a un precio menor al de garantía ya que a este precio la cantidad demandada sería menor a la ofrecida. Así, lo que tendríamos sería un subsidio: parte se lo apropiarían los productores y parte los consumidores. El costo fiscal obviamente no es cero y, dependiendo del monto del subsidio unitario, éste podría ser muy elevado.

Atender y tratar de solucionar los problemas de pobreza de una parte de la población rural,  particularmente el minifundista que vive y produce en zonas marginales con tecnología obsoleta, por lo que la productividad por hectárea es notoriamente baja (700 kilogramos comparado con más de 10 toneladas en la agricultura moderna), no se logra con precios de garantía. Esto sería solo un paliativo sin resolver a fondo lo que constituye un problema estructural derivado de la reforma agraria: la atomización de la tierra y una pésima definición de los derechos de propiedad.

La política propuesta por López Obrador ya se instrumentó en el pasado (destacando el Sistema Alimentario Mexicano con López Portillo) y claramente no funcionó. Precios de garantía no es el camino a seguir.

*Artículo publicado originalmente en El Economista.