En el artículo de la semana pasada apunté que históricamente los incentivos que se han derivado del arreglo institucional no han sido los correctos ni los eficientes para lograr la meta de alto y sostenido desarrollo económico y de ahí que México siga siendo un país de desarrollo medio, situándose en lugar 77 de entre 188 países en el Índice de Desarrollo Humano de la ONU (a pesar de ser la decimocuarta economía más grande del mundo) y en donde prevalece una alta incidencia de pobreza y de inequidad. Asimismo señalé que basar la política económica en otorgar subsidios es sólo repartir rentas, lo que es incompatible con el objetivo de generación de riqueza y de mayor crecimiento.

Hay cinco elementos centrales que tienen que existir en el marco institucional que generen los incentivos necesarios para lograr el objetivo de mayor crecimiento.

Primero, la certeza jurídica. Cuando los agentes económicos carecen de certidumbre sobre la permanencia y eficiencia de las reglas formales del juego (leyes y reglamentos), el premio exigido para invertir es mayor. Esto se agrava si además no se tiene certidumbre (y confianza) de la garantía del cumplimiento de contratos por parte de un poder judicial independiente e imparcial y éste es, precisamente, la mayor falla y debilidad del arreglo institucional en México.

Segundo, un sistema de precios que no esté distorsionado por la intervención gubernamental. Cuando los precios son flexibles y no están distorsionados, éstos reflejan la escasez relativa de los factores primarios de la producción (capital físico y humano) y dan la señal para que se asignen hacia aquel uso en donde la rentabilidad esperada sea la mayor posible. Por el contrario, cuando por intervención gubernamental se distorsiona el sistema de precios (por ejemplo con precios máximos y subsidios) se usan ineficientemente los recursos, además de que se inhibe la inversión y el crecimiento.

Tercero, bajas barreras legales y regulatorias a la entrada y salida de los mercados, tanto de bienes y servicios como de factores de la producción. La existencia de altas barreras genera prácticas monopólicas (con la consecuente pérdida en el bienestar de los consumidores quienes pagan la renta monopólica) y rigideces en la asignación de recursos, además de que deriva en actos de corrupción por parte de quienes administran la regulación y tienen el poder de extorsionar a los agentes económicos privados. Se requiere, en consecuencia, que el marco legal tenga como uno de sus objetivos centrales procurar que los mercados operen en un contexto de competencia.

Cuarto, un ejercicio del gasto público eficiente y transparente bajo un efectivo sistema de rendición de cuentas. Se requiere que el gasto gubernamental, corriente y de capital, sea en aquellos rubros en donde la rentabilidad social sea positiva y que además se ejerza con transparencia. Destinar recursos públicos a rubros con rentabilidad social negativa destruye riqueza; si además hay corrupción en el ejercicio del gasto público, el costo económico es elevado al permitir la apropiación de rentas e inhibir la inversión y el crecimiento.

Quinto, un diseño del sistema tributario que derive en impuestos que no inhiban el trabajo, el ahorro y la inversión, lo que implica que la recaudación tributaria se base principalmente en impuestos al gasto y, en menor medida, en impuestos al ingreso. Gravámenes elevados sobre el ingreso personal y sobre las utilidades de las empresas inhiben el trabajo, el ahorro, la inversión y el crecimiento.

¿Quiénes de los candidatos a la presidencia plantean generar un sistema eficiente de incentivos compatibles con el objetivo de mayor y sostenido crecimiento económico y quiénes plantean otorgar rentas?

*Artículo publicado originalmente en El Economista