Los últimos dos años los EU han vivido una situación que fácilmente se podría haber plasmado en uno de los libros de Mario Puzo, autor de “El Padrino”, en donde los estadounidenses y el mundo entero han atestiguado algo que se pudiera identificar como una sangrienta lucha entre familias de la mafia. Este conflicto ha provocado floten a la superficie del entorno nacional, las más bajas pasiones de los miembros de la “cosa nostra” política americana que se enfrentan por el poder. La gran diferencia es que en esta confrontación no hay mandamientos ni código de honor, y el FBI, en lugar de luchar contra esa mafia, se ha convertido en uno más de sus miembros, armado, entre otras cosas, con el “omerta” moderno para cubrir sus huellas.

Durante los últimos 12 meses han emergido a la superficie una serie de sucesos que claramente sugieren se ha llevado a cabo una conspiración que involucra a altos oficiales del FBI y el Departamento de Justicia —durante la administración de Obama— actuando de forma criminal y quebrantado la ley, trataron de exonerar a Hillary Clinton de sus graves ofensas federales y, ante la eventualidad de que perdiera la elección, armarle una emboscada a Donald Trump y a su campaña, aludiendo una colusión con Rusia para robar la presidencia. Esta conducta no ha sido basada en meras preferencias políticas, ha nacido de un profundo odio hacia Trump, su agenda y, sobre todo, la incapacidad de aceptar una derrota. Esta es una conspiración que exhibe la descomposición de la rama judicial quienes, perdiendo toda clase de ética, se convierten en lo diabólico que deben combatir.

En el curso de esta conspiración, el director del FBI, James Comey, la procuradora general, Loretta Lynch, el subdirector del FBI, Andrew McCabe, el subdirector de Contra Inteligencia del FBI, Peter Strzok, el jefe de Strzok y abogada del FBI, Lisa Page, el abogado General del FBI James Baker, el alto oficial del Departamento de Justicia, Bruce Ohr —y muchos otros— comprometieron la aplicación ética de leyes federales de forma tan descarada, que los ciudadanos han perdido la confianza en esas instituciones. Una encuesta reciente de CBS nos informa que un 54% de los americanos creen que el Abogado Especial, James Mueller, y su encarnizada lucha para probar la colusión Trump-Rusia, ha probado ser una descarada persecución motivada políticamente. Y una encuesta de Harvard, informa que un 68% de los votantes están convencidos que el FBI ocultó al congreso información vital acerca de las investigaciones de la colusión Trump-Rusia 

El prestigiado abogado Joseph di Génova, ex Procurador General del Distrito de Columbia, abogado del Comité de inteligencia del Senado, abogado especial para la Cámara de Representantes, afirma que durante su carrera, primero como fiscal federal, después como supervisor de miles de fiscales y supervisor de todas sus actuaciones, en su papel de Abogado General de los EU, nunca había atestiguado una investigación tan fraudulenta y que haya fracasado en establecer los elementos básicos de prueba criminal, como la que condujo James Comey. Desde que L. Patrick Gray actuara como director del FBI durante la era de Watergate, y su manejo de las evidencias como mago de carpa barata, jamás la cabeza de esa prestigiada institución se había desacreditado tanto como ahora lo ha hecho Comey.

¿Ahora qué hiciste Hillary?

El escándalo de los correos electrónicos de Hillary se inició en el 2013 con la investigación de La Casa de Representantes del ataque a la embajada en Bengasi, Libia, aquel fatal 11 de Septiembre del 2012. Fue durante esta investigación cuando el solicitar acceso a los correos electrónicos de la Secretaria de Estado, Clinton, se convirtió en asunto peligroso. Pero no fue hasta que el New York Times publicó la historia el 2 de marzo del 2015, afirmando que Clinton mantenía un correo privado y secreto, cuando explotara la bomba. Miles de correos que La Casa de Representantes primero pidiera y después legalmente exigiera, convenientemente desaparecieron—y así se iniciaron los reportes de la utilización de jabón especial para “borrar manchas”, luego de la destrucción, a golpes de martillos, de los celulares y lap tops de la Secretaria de Estado. Ante esa situación y las actitudes de la gente alrededor de ella; claramente sugería era ya hora de que el FBI y el Departamento de Justicia actuaran utilizando las herramientas legales a su disposición, para asegurar esos correos y otro material que legalmente se les había exigido. Pero inexplicablemente no hicieron nada.

Una herramienta a su disposición era el “gran jurado”—el “sine qua non” de las investigaciones criminales. Los Gran Jurado se integran con 16 a 23 ciudadanos que escuchan el caso de un fiscal contra un presunto criminal. El sujeto de la investigación no está presente durante todo este procedimiento, que puede durar hasta un año. Un Gran Jurado proporciona a investigadores la autoridad de recabar evidencias, emitiendo órdenes judiciales para allegarse documentos o entrevistar testigos. Los agentes del FBI o fiscales, no pueden demandar esa evidencia. Solamente un gran jurado o una corte tienen esa facultad, en los casos en que el receptor de esas órdenes rehúse el mandato de un gran jurado de entregar documentación o testificar.

Aunque parezca increíble, el director del FBI, Comey, y la Procuradora General Loretta Lynch, rehusaron utilizar un gran jurado durante la investigación de Hillary Clinton. Como los investigadores no tenían autoridad legal para solicitar evidencia, Comey entonces, de forma ilegal, dio inmunidad a cinco de los más cercanos colaboradores de Clinton a cambio de evidencia que podría haber sido obtenida con el mandato legal de un gran jurado. Aun cuando, el 2 de Julio de 2016, en una entrevista, desafortunadamente hecha por el corrupto agente del FBI Peter Strzok, Clinton en 29 ocasiones afirmara que ella no recordaba ciertas cosas debido a un golpe que había recibido en la cabeza, Comey negó una solicitud de otro agente para obtener la información médica de la secretaria.

Comey declaraba que él había elegido la inmunidad por su preocupación de que el tiempo se le terminaba. Sin embargo, la investigación se inició en el verano del 2015, un año antes de que él hubiera hecho tal arreglo. Solo para comparar. El Gral. James Cartwright, se había declarado culpable en octubre del 2016, por una información confidencial que él supuestamente filtró al The New York Times. En este caso el Departamento de Justicia presumió acerca de las órdenes judiciales para obtener información y llevar a cabo búsqueda de evidencia física. En el caso de Clinton, no solo no hubo un gran jurado, el FBI nunca emitió una orden judicial para la búsqueda de evidencia—algo que se hace cuando se piensa que alguna persona puede destruir esa evidencia. Clinton borró la mitad de sus correos electrónicos y, bajo penalidad de perjurio, declaró que ella había entregado todas sus comunicaciones al gobierno, que “se relacionaban con su trabajo”.

El FBI después encontró una cadena de correos clasificados como “secretos o confidenciales” que ella nunca había entregado. Aun así, no se emitió una orden judicial para buscar esa evidencia. Y ése era apenas el inicio de la agresión más descarada al estado de derecho.

Continuará la semana entrante.