El candidato López Obrador presume de personificar la honestidad, a pesar de no aportar evidencia que así lo avale, y se niega a mostrar pruebas que transparentarían sus ingresos, gastos y estado patrimonial, como declaraciones de impuestos, las patrimoniales para servidores públicos cuando fue jefe de gobierno del DF, etc.

Peor aún, está rodeado de gente con la peor fama pública, a quienes se ha acusado, con pruebas, de secuestro, extorsión y sedición, de recibir sobornos por violar la ley, proteger giros negros y taxis piratas, trata de personas y narcotráfico, desfalco de dineros sindicales, y un ambulantaje que hace imposible la vida donde gobiernan.

Pero quizá su peor lacra es que pretende gobernar de forma personalísima, ignorando los elementos básicos de una gobernanza moderna que consiste en crear protocolos, procedimientos e instituciones que transparenten la relación de la ciudadanía con su gobierno y adopten métodos que permitan el acceso a los servicios públicos de manera automática y eliminando trámites innecesarios.

Sin una estructura adecuada para una gobernanza vigorosa y eficaz, no habrá crecimiento económico, elemento que el propio AMLO señala como indispensable para el futuro del país, pues alcanzarlo depende tanto de la cantidad como de la calidad de las inversiones emprendidas por los sectores público y privado.

Lo que AMLO planea hacer con la inversión pública tiene su ilustración más catastrófica en la promesa de parar la obra del nuevo aeropuerto de la ciudad de México, a partir de su invención, sin evidencia alguna, que todo lo vinculado con ese proyecto está manchado de corrupción.

Conozco la evaluación del proyecto del nuevo aeropuerto y me parece impecable en su diseño, y por lo que se puede colegir de la enorme cantidad de material disponible en su sitio en internet, también en su ejecución, lo que ha permitido salir a vender a ahorradores del mundo entero los bonos con los que se financia.

¿Cuál es el proyecto alternativo que ofrece AMLO? Dejar en operación el aeropuerto actual, obsoleto y cuyas pistas están al borde del colapso por hundimiento, junto con un nuevo aeródromo en la base aérea de Santa Lucía, que comparte el mismo espacio aéreo del actual aeropuerto, lo que los hace inviables para operar simultáneamente.

Es decir, es una ocurrencia más sin ningún sustento técnico o económico por el que el país perdería muchos miles de millones de dólares y abandonaría un proyecto que sería detonador importante del desarrollo en el país y en la zona al ubicarse en el sitio ideal para atraer el tráfico aéreo entre Norte y Sudamérica con Europa y Asia.

Así, la inversión pública con AMLO, en lugar de ser un potente motor del crecimiento cuyos proyectos se evalúen con técnicas avanzadas de costo-beneficio, y que se transparenten en su ejecución mediante pujas públicas para elegir los mejores contratistas y subir la información al internet, se volvería un pesado fardo al restaurar los usos y costumbres de los caprichos del jefe.

¿Y qué pasaría con la inversión privada? En un contexto en el que no hay respeto por los derechos de propiedad, florecerá aún más la economía del compadrazgo en la que sólo prosperan los proyectos que cuentan con la protección del jefe y sus secuaces, exactamente como sucedió en el DF de AMLO y sus herederos, dónde las principales obras se hicieron con amigos, sin concurso y la información pertinente sigue oculta.

El récord de crecimiento económico de ese DF fue muy inferior al promedio nacional, y no tiene por qué ser distinto en el país bajo el mismo liderazgo y equipo aplicando los mismos métodos. Sin crecimiento, no aumentará el empleo y todo el proyecto asistencialista de AMLO sólo sería posible con mucha mayor deuda pública.

¡Regresa la peor pesadilla del pasado!