La acumulación de riqueza al amparo del poder político no es un fenómeno reciente ni una característica exclusiva de algún país. Más aún, es el resultado natural del ejercicio del poder, uno en donde determinados individuos o grupos (no siempre los mismos) obtienen algún beneficio, una renta extraordinaria, es decir un ingreso por arriba de su efectiva contribución a la generación del ingreso nacional a cambio de brindar, generalmente, apoyo político a quienes ejercen el poder. El caso que podríamos denominar como el extremo es lo que comúnmente se denomina como "capitalismo de compadrazgo" pero no es único ya que también encontramos muchos ejemplos de enriquecimiento por parte de otro tipo de agentes económicos, también al amparo del poder político, como podría ser el de líderes sindicales.

Para que una economía experimente un proceso sostenido de desarrollo económico, uno en el cual el bienestar de la población sea cada vez mayor y los frutos del crecimiento económico lleguen a la mayor parte de la población, sin esperar porque no es posible ni menos aún deseable que éstos se repartan con perfecta equidad, uno en el cual el ingreso individual refleje su contribución al ingreso nacional, es necesario (diría que indispensable) contar con un arreglo institucional en el cual rija la igualdad de oportunidades de acceso a todos los mercados, uno que, en palabras de Acemoglu y Robinson en su libro Por qué fracasan los países, sea incluyente.

Son cuatro los principales elementos de este tipo de arreglo institucional. Primero, un marco legal en el cual estén definidos eficientemente los derechos privados de propiedad que incluyen a su vez tres componentes: el derecho a la posesión de bienes y recursos, el derecho a utilizarlos libremente mientras no se atente en contra de los derechos de terceros y la libertad de transferencia en transacciones enteramente voluntarias. Además, estos tres derechos tienen que estar protegidos y plenamente garantizados por un poder judicial que sea efectivamente independiente e imparcial.

El segundo elemento, ligado a que las transacciones se lleven a cabo siempre de forma voluntaria, es que los mercados de bienes, servicios y factores de la producción operen en un contexto de mercados en competencia interna y frente al exterior. Para ello, es indispensable que las barreras legales y regulatorias de acceso a los mercados sean mínimas ya que de lo contrario no solo se inhibe la competencia sino, más aún, se genera un esquema de búsqueda y apropiación de rentas por parte de quienes se encuentran protegidos de nuevos participantes en el mercado así como por parte de quienes administran tales regulaciones.

Tercero, la existencia de mercados competitivos requiere que el sistema de precios sea flexible y no distorsionado por regulaciones, controles, impuestos y subsidios. Distorsionar el sistema de precios impide que éstos reflejen la escasez relativa de los factores de la producción y deriva, en consecuencia, en una asignación socialmente ineficiente de los recursos.

Cuarto, que el gasto del gobierno sea ejercido con absoluta transparencia, particularmente en los rubros de contratación de obras públicas y de adquisiciones, lo cual obviamente excluye los mecanismos de asignación directa siendo necesario, en la mayor parte de los casos, la asignación mediante convocatorias abiertas y competitivas.

La evidencia histórica a nivel mundial indica que aquellos países que en mayor grado han tenido estas características son los que han experimentado mayores niveles de desarrollo, como también apunta que aquellos que se han caracterizado por tener un marco institucional excluyente han, en mayor o menor grado, fracasado.

Si queremos que México se desarrolle, el rumbo es claro: necesitamos construir un marco institucional incluyente.