López Obrador repite, como si fuese mantra, que prácticamente todos los problemas de México se resolverán (con su puro ejemplo de honestidad) acabando con la corrupción y que además (basándose en un inexistente estudio del Banco Mundial) le ahorraría al gobierno federal 500,000 millones de pesos para financiar sus diferentes políticas de gasto sin necesidad de aumentar impuestos o incurrir en endeudamiento.

La corrupción es, sin duda, un cáncer que inhibe el desarrollo económico y de ahí la imperiosa necesidad de emprender una lucha frontal contra ésta. Sin embargo, no todo acto de corrupción implica el uso de recursos públicos (como tampoco que todo gasto público esté manchado por la corrupción). Existen varios tipos de corrupción que vale la pena señalar.

El primero es lo que podríamos denominar como “corrupción al menudeo” que incluye diversos tipos de transferencias entre agentes económicos privados y empleados gubernamentales. Ejemplos serían la mordida al agente de tránsito, el pago para acceder a algún servicio público (conectar un inmueble a los sistemas de electricidad, agua y drenaje, para que recojan la basura, para que entierren a un familiar en el cementerio municipal, etcétera), pagos en hospitales públicos para ser atendido, en las escuelas públicas para poder inscribir a un niño (o que reciba una calificación aprobatoria), mordidas a agentes del ministerio público, pago a un funcionario judicial para inclinar una sentencia, pagos del crimen organizado para recibir protección, venta de plazas públicas, etcétera. Todos estos actos, que socialmente cuestan mucho no implicarían, en caso de que no existieran, un ahorro de gasto gubernamental federal.

Un segundo tipo de corrupción es el que está ligado a la regulación. Licencias y permisos que hay que obtener, así como todo un sinnúmero de trámites que los agentes económicos privados tienen que realizar en oficinas gubernamentales y que le permiten a la burocracia que administra determinada regulación apropiarse de una renta extorsionado al agente privado, tienen un alto costo al inhibir la inversión, entorpecer la competencia en los mercados y afectar negativamente al bienestar de la población y el crecimiento. Cabe señalar que la mayor parte de este tipo de regulaciones es de índole estatal y municipal por lo que tampoco afectan a las finanzas públicas federales.

Un tercer tipo es el desvío de recursos públicos hacia fines para los que no estaban destinados originalmente a través de diferentes mecanismos como son las empresas fantasmas, a cambio de que el funcionario público involucrado obtenga un beneficio personal. Una parte significativa de este tipo se da con el uso de recursos que reciben las entidades federativas a través de las participaciones (determinadas por ley) y transferencias federales. Si esto no se diera, aumentaría la eficiencia y eficacia del gasto, pero no alteraría significativamente el total del gasto público federal.

Finalmente está la corrupción ligada a las obras y adquisiciones públicas en los tres niveles de gobierno. Adjudicaciones directas y concursos amañados son características de un sistema de compadrazgo y de favoritismos, uno en donde quienes adjudican los contratos obtienen una renta. El resultado de este tipo de corrupción es presupuestos públicos inflados, menor calidad de las obras, menor competencia y menor crecimiento. Una efectiva fiscalización y transparencia en la adjudicación de contratos ayudaría sin duda a combatir este tipo de corrupción.

Para este año se estima que el sector público federal ejercerá un gasto neto total de aproximadamente 5.3 billones de pesos de los cuales tres billones son sueldos y pensiones, 800,000 millones de participaciones federales, 700,000 de servicio de la deuda y 720,000  inversión pública y adquisiciones. ¿En serio 10% del presupuesto involucra corrupción? Los números no dan.

*Artículo publicado en El Economista