Hoy que un aspirante presidencial declara su admiración por el “nacionalismo revolucionario” (NR), acomodo político que se practicó en México por muchos años, vale la pena decantar los rasgos esenciales del modelo económico implícito en él, según se aplicó entre 1920 y 1970:

• Pragmatismo, que permitía adaptarse a las circunstancias prevalecientes y a las preferencias ideológicas del presidente en turno;
• Desempeño económico concentrado en rápido crecimiento y estabilidad cambiaria y de precios;
• Creciente autarquía económica e intervención del gobierno en la economía.

El descontento del gobierno entrante en 1970 con la modesta mejoría que se había logrado en la distribución de la riqueza, a pesar de la explosión demográfica, lo llevó a adoptar políticas que pretendían curar los problemas sociales con más gasto público.

Se rompió la regla de oro de mantener separadas la administración financiera de la política, con el anuncio del presidente Luis Echeverría (1970-76), hecho para tranquilizar a los mercados pero que tuvo el efecto opuesto, que “ahora las finanzas se manejarán en Los Pinos.”

El equilibrio fiscal y monetario se tiró por la borda, se aceleró la política de adquirir y crear empresas y se cerró la economía aún más. Lo que impidió abandonar antes el tipo de cambio fijo, fue la deuda externa que pasó de 4% del PIB al 20% y que financió el desequilibrio creciente. Al final, en 1976 se perdieron las reservas internacionales del país y llegó la devaluación.

Después de un breve ajuste, el presidente José López Portillo (1976-82) siguió la francachela populista, ahora financiada con los recursos de la exportación del petróleo recién hallado y con más deuda externa, que alcanzó hasta un 100% del PIB, que nos fiaron por los hallazgos petroleros.

Cuando el precio del petróleo empezó a caer y se secó el crédito externo, sobrevino la debacle. El peso perdió el 85% de su valor frente al dólar, el déficit fiscal llegó a casi el 20% del PIB, la economía sufrió un colapso, se expropiaron los bancos, se adoptó un control férreo de cambios y se cerró más la economía.

La ruina que enfrentaron los gobiernos subsecuentes de Miguel de la Madrid (1982-88) y Carlos Salinas (1988-94) obligaron a un cambio radical de política económica, iniciado tentativamente en 1983. La elusiva búsqueda del equilibrio fiscal y monetario ocurrió mientras el país era un paria en los mercados financieros mundiales. El NR había muerto.  

La rápida depreciación del peso, necesaria para conseguir un remedo de equilibrio externo ante la total falta de crédito, resultó en una tasa de inflación creciente, que alcanzó 160% en 1987, y en la paralización de la economía.

Finalmente se empezó a dar el viraje económico. Se inició la apertura de la economía, la venta y clausura de empresas públicas improductivas y el arduo camino de desmontar regulaciones burocráticas y de buscar una inserción más productiva de México en la economía internacional.

Esta fase culmina, en lo que el presidente Salinas calificó como “liberalismo social,” con la restauración del equilibrio fiscal y de la estabilidad cambiaria y de precios; el abatimiento de la deuda externa y un gasto social mayor; y con la firma del TLC de América del Norte.

El régimen de Ernesto Zedillo (1994-2000) intentó seguir la senda reformista pero después de la devaluación del peso y el colapso de la economía que logró en menos de un mes, no pudo concretar los cambios vitales para consolidar una auténtica economía de mercado y se limitó en restaurar la estabilidad.

El repudio de la población a sus fatales errores de inicio culminó en la pérdida de control del Congreso en 1997 y la imposibilidad de seguir las reformas. ¿Qué fue lo que siguió? Lo discutiremos en próximas entregas.