Como si detrás hubiera una operación concertada, la izquierda latinoamericana salió durante los últimos días en defensa de sus exponentes más distinguidos, específicamente Cristina Fernández de Kirchner, Luiz Inácio Lula da Silva y Rafael Correa. Pero en realidad solo fue una reacción de desesperación frente al avance de la justicia. Esa izquierda poco podrá hacer cuando la justicia efectivamente toque a sus puertas. Al respecto, si algo debiera de destacarse en estos momentos es el creciente vigor y profesionalismo de los sistemas de justicia en casi toda América Latina (México y Venezuela serían sus grandes hoyos negros), bajo el empuje de jueces independientes, medios de comunicación libres y una empoderada y actuante sociedad civil.

La actuación desesperada de la izquierda comenzó a principios de julio, con el pedido de cárcel preventiva contra el ex presidente ecuatoriano Rafael Correa, y enseguida, la solicitud de captura de su auto exilio en Bélgica, por su vinculación en el breve secuestro del político Fernando Balda, antiguo aliado suyo, en Colombia, durante 2012; sobre ello, la Interpol aún debe decidir si acepta o no dicho pedido de captura internacional. No debe perderse de vista que este caso es el más avanzado en contra de Correa, pero que hay otros, en temas como corrupción con fondos públicos, la venta irregular de petróleo a China y otros casos menores que van sustanciándose.

Quizá estos procesos contra Correa no se habrían desarrollado sin la disputa por el poder entre el propio Correa y el sucesor que él mismo designó, el presidente Lenin Moreno. Estaríamos pues frente a un simple vendetta entre pandillas rivales, o quizá, una simple estratagema para ocultar los problemas del país y la creciente impopularidad presidencial. Pero hasta ahora ha sido cuidadosa y quizá hasta intachable la actuación de la justicia ecuatoriana. Habrá que esperar un mayor avance del caso o su conclusión para determinar si hubo o no un completo proceder fundado en derecho.

Pero la fuerte presión de la justicia ecuatoriana en contra de Correa llevó a un intempestivo contraataque por parte de Nicolás Maduro, defendiendo también a Lula Da Silva y a Cristina Kirchner, la cual está cada vez más implicada en sus crecientes problemas judiciales, los que la tienen a un paso de la cárcel. Pero casi de manera simultánea comenzó en Brasil, con Lula Da Silva, una especie de capítulo de los Looney Tunes, con el Pato Lucas poniendo el cartel de “Liberado” y Bugs Bunny superponiendo otro de “No Liberado”, y así hasta el infinito.

Esto fue el intento de liberar a Lula de la cárcel, donde está desde el pasado 6 de abril, purgando una sentencia de 12 años y un mes por corrupción pasiva y lavado de dinero, por parte de militantes de su partido, el Partido dos Trabalhadores (PT). Al respecto, y a pedido de legisladores del PT, el juez Rogério Favreto ordenó reiteradamente la liberación de Lula, argumentando que el encarcelamiento atentaba contra su derecho a ser candidato a la Presidencia de la República en los comicios del próximos 7 de octubre. Hasta en tres ocasiones jueces distintos rechazaron el pedido, aduciendo que Favreto no tenía ninguna facultad para ocuparse del caso.

Pero en la cuestión de fondo, la cárcel no castiga los derechos políticos de Lula Da Silva: estos aún se harán valer en otras instancias, ajenas a la penal. Al respecto, Lula tiene recursos pendientes, a desahogarse durante agosto y septiembre próximos por las instancias electorales y tal vez la Corte Suprema, que debieran permitirle (o impedirle) postular a la Presidencia. En tal sentido, su fallido intento de liberación fue solo una tentativa política, de mero espectáculo público, a fin de forzar a las instancias electorales para aceptar ya a Lula como candidato presidencial, pero que no varía lo fundamental: Lula es un político que hoy está en la cárcel por corrupto, según lo determinó un proceso judicial riguroso y por distintos jueces en varias instancias sucesivas. Así, su postulación tendrá que vérselas con la ley brasileña de “Ficha Limpia” (aprobada en 2010, bajo la segunda Presidencia de Lula y respaldada por él), por la que ningún condenado por un delito confirmado en dos instancias (precisamente el caso de Lula) puede postularse para un cargo electo durante al menos ocho años. Pero la última palabra la tiene el Supremo Tribunal Electoral.

El inicio de una investigación contra el juez Favreto, por la presunción de que actúo motivado por intereses políticos, dada su antigua y larga militancia (19 años) en el partido fundado por Lula, el haber sido funcionario a las órdenes de Lula y ser nombrado juez por la presidenta Rousseff, sin la trayectoria judicial para serlo, fundamentan esta idea de que todo fue una puesta en escena, para chantajear a las instituciones electorales.

Pero el daño a la credibilidad del sistema brasileño de justicia ya estaba hecho, y fue como el pistoletazo de salida para que la izquierda latinoamericana se lanzara a defender a sus héroes. En esta defensa de Correa y Lula, principalmente, no hubo ni decencia ni cuidado. Decencia, para referirse a otros casos de mayor relevancia y urgencia, como la masacre contra jóvenes nicaragüenses por parte del régimen cuasi dictatorial de Daniel Ortega. Cuidado, para revisar siquiera mínimamente las causas judiciales de sus defendidos. De haberlo hecho, seguramente habría actuado con la prudencia pedida por el ex canciller chileno Heraldo Muñoz, a la ex presidenta Bachelet y a otros políticos chilenos de izquierda, por la carta de apoyo a Lula que suscribieron.  El gesto de Muñoz, que por su antiguo rango debe poseer muchos datos no públicos del caso Lula, fue un gesto solitario (y honorable) entre la izquierda de la región.

Tanto Lula, como Correa y Cristina Kirchner seguramente terminarán por recibir la pena que merecen por las vías judiciales, sin importar las presiones políticas. Y eso debiera ser una buena noticia y un gran rasgo distintivo respecto a nuestro pasado. Hoy, más de dos decenas de gobernantes latinoamericanos están en la cárcel o en riesgo de estar en ella, además de cientos de políticos investigados y que poco a poco son procesados. Nunca antes en nuestra historia habíamos visto a tantos políticos castigados por una justicia imparcial y profesional, con un mayoritario apoyo social.

Los regímenes políticos en Latinoamérica durante el siglo XX se permitían todo o casi todo. Bajo la forma de regímenes autoritarios, dictaduras militares o democracias imperfectas, los gobernantes tenían control absoluto o casi absoluto sobre las instituciones, especialmente los aparatos judiciales, lo que les permitía administrar la justicia en función de sus intereses políticos, lo que explica muchísimos hechos corruptos que pasaron desapercibidos y quedaron sin castigo en nuestra historia común. En contraste, gracias a las reformas de los sistemas judiciales que se han dado en los últimos 20 años y a una vigorosa reacción social, hoy líderes, ministros, exministros y cientos de funcionarios de altos cargos se enfrentan a la acción de los tribunales. Algunos ya están presos, muchos están siendo procesados y varios más terminarán en la cárcel.

El creciente protagonismo de las instituciones de justicia es una buena noticia para América Latina, una que por desgracia no valoramos en toda su importancia. Los actuales aprietos judiciales de Lula, Correa y Kirchner son un gran cambio cualitativo respecto a nuestro pasado, no dejando sus posibles crímenes al arbitrio de la impunidad o la venganza política. Y eso es algo que debiera alegrarnos a todos, por encima de las diferencias ideológicas.

Al respecto, es natural que la mayoría de los procesados sean hoy políticos de izquierda, tras sus varios lustros de poder, casi sin contrapesos. Y es natural también, hasta cierto punto (un punto antes de la ceguera interesada y la alcahuetería), que muchos en la izquierda se sientan acosados. Pero esa izquierda (si es honrada) no debiera perder de vista que, tras de ellos, seguramente seguirán muchos de los actuales gobernantes de otros signos ideológicos, si dejan a la justicia madurar más y ganar todavía mayor profesionalismo e independencia.