Cada inicio de un nuevo gobierno es común que surja cierta incertidumbre entre los empleados públicos, particularmente entre aquellos considerados como de “confianza” y que abarcan alrededor de los cuatro o cinco niveles superiores de la administración pública federal (entre 15 y 20 mil puestos). Llega un nuevo secretario de estado y sus subsecretarios (y directores generales en las empresas y organismos públicos), quienes colocan a su gente y tienen la facultad de ratificar o pedir la renuncia de quienes laboran en las áreas respectivas. [Como nota personal, yo laboraba en la Secretaría de Hacienda al término del gobierno de López Portillo y pasó un mes hasta que me trasladé a la Secretaria de Programación y Presupuesto ya durante el gobierno del presidente de la Madrid; solo duré año y medio porque me ofrecieron irme al ITAM como profesor de tiempo completo (mi vocación y no tengo que ponerme traje y corbata, lo cual vale varios pesos de salario) y porque odiaba el horario esclavizante en el gobierno (sabía a qué hora entraba a laborar pero nunca a qué hora terminaría la jornada; ser dueño de mi tiempo vale otros cuantos pesos más de ingreso monetario)].

Con el próximo cambio de gobierno, esta incertidumbre se incrementó significativamente por tres factores adicionales: la reducción anunciada de 70% en las plazas de confianza, la disminución de salarios y la transferencia a diferentes ciudades de la mayor parte de las secretarías, de Pemex, de CFE y de otros organismos públicos.

Primero, la reducción anunciada de 70% implica alrededor de 250,000 puestos de trabajo. Independientemente de que valga el argumento de que sí hay un exceso de personal en el gobierno (queremos uno menos obeso pero más eficiente), una parte significativa de a quienes se despediría son los que tienen los conocimientos especializados en el área en la cual laboran, lo que implicaría una pérdida significativa en el capital humano en el propio gobierno (con la consecuente disminución en la calidad global). Las preguntas a nivel individual de quienes ahora laboran en el gobierno son: ¿me ratificarán o me despedirán y de ser así, podré encontrar un nuevo trabajo en el sector privado? ¿Me convendría renunciar de una vez? Zozobra.

Segundo, los salarios. Muchos de quienes se queden laborando en el sector público federal (pero inclusive válido también para empleados de los gobiernos estatales y municipales), experimentarán una reducción de su ingreso, ante lo cual surgen preguntas como: ¿cuál sería la caída en el nivel de vida familiar?; ¿podría, al nuevo salario, seguir cubriendo determinadas obligaciones como la colegiatura de los hijos o los pagos de un crédito hipotecario o de automóvil?; ¿me quedaría en el gobierno aceptando un menor ingreso o buscaría otro puesto en el sector privado? Zozobra.

Tercero, la ubicación del puesto de trabajo. Con la idea de desperdigar el gobierno por todo el territorio nacional (véase mi artículo de la semana pasada), para los empleados públicos (todos, de confianza y de base), surgen, entre otras, las siguientes preguntas: ¿cuándo?; ¿qué pasaría con la educación de los hijos?; ¿si el (la) cónyuge trabajan, tendría que renunciar y buscaría trabajo en el nuevo destino u optaríamos por la separación transitoria o inclusive permanente?; ¿tendría que vender mi vivienda posiblemente experimentando una pérdida de riqueza?; ¿dónde viviría en el nuevo destino?; ¿mejor renunciar y quedarse en la Ciudad de México y buscar otro trabajo? y más. Zozobra.

Lo afirmado por López Obrador en estos tres aspectos levantó aclamaciones en la tribuna popular pero bien haría en evaluar a profundidad las implicaciones sobre la operación de su futuro gobierno de cumplirlas tal y como lo prometió.

*Artículo publicado originalmente en El Economista.