Las circunstancias de un país con una economía protegida, cerrada a la competencia internacional y, por lo tanto, ineficiente, y las de un país abierto en el que sus productos deben contender en calidad y precio con los del resto del mundo, son radicalmente distintas.

El primer caso describe a la economía mexicana en la era de la sustitución de importaciones, iniciada con la 2ª Guerra Mundial cuando nos estaba vedado comprar a los países industrializados, concentrados en su esfuerzo bélico, fase que se prolongó en México hasta 1985, ya como una estrategia deliberada.

Así, la política industrial creó una industria ineficiente, sustentada en las espaldas de consumidores forzados a pagar precios altos por cosas de mala calidad, que jamás intentó lograr mayor eficiencia pues respondía al designio de burócratas que se llevaban su tajada del pingüe botín de los empresarios protegidos con aranceles, permisos, subsidios, exenciones, etc.

El decreto automotriz de los 1960s es un buen ejemplo, que lanzó a México en la carrera de ensamblar y eventualmente fabricar coches, para un mercado de apenas 100 mil unidades al año, muy lejos de las economías de escala en EU que fabricaba entonces 10 millones de vehículos anuales.

Frente a los que proponen una política industrial como la descrita, hay quienes opinan que no tener ninguna es lo mejor pues la libre interacción de las fuerzas del mercado alcanzará la mayor eficiencia económica sin necesidad de intervención gubernamental, como ocurre ahora en algunos sectores.

Existe una tercera versión de lo que debe ser una política industrial más idónea, que sustenta que el gobierno tiene un papel de la mayor importancia que cumplir en allanar los muchos obstáculos que impiden a las empresas competir cabalmente en el mundo.

Entre los principales impedimentos a la competencia se encuentran:

• Carencia de un Estado de Derecho e instituciones y procedimiento judiciales efectivos, cuya ausencia ha generado corrupción, impunidad e inseguridad que imponen elevados costos a las empresas.

• Trámites burocráticos innecesarios, redundantes y costosos.

• Infraestructura y servicios públicos inadecuados, insuficientes y gravosos.

• Costos de insumos por encima de los precios internacionales por tratarse de bienes producidos por el sector público, como los energéticos, o por empresas monopólicas del sector privado.

• Tasas de interés elevadas, producto de una inflación comparativamente alta, que aumenta el costo del crédito para las empresas locales.

Los obstáculos citados inciden en mayores costos de producción, que merman la competitividad de las empresas. En el ámbito de una economía abierta, forzada a competir globalmente, la única forma de compensar costos más elevados como los aludidos, es mediante salarios más bajos.

Quienes claman por el retorno a una política industrial asociada con prácticas comerciales proteccionistas, insisten que la apertura a la competencia externa “ha desarticulado las cadenas productivas” que solían existir en la industria, que fueron remplazadas por una “industria maquiladora a nivel nacional” que genera poco valor agregado.

No existe evidencia empírica de que éste sea el caso o de que tenga la menor trascendencia pues cuando existía una economía con cadenas productivas “muy articuladas” en la era proteccionista, se trataba casi siempre de una industria de invernadero incapaz de competir a nivel global y que representaba elevados costos sociales, sobre todo para los más pobres.

Para que México logre al fin aumentar los salarios en forma permanente y no por decreto, como opinan muchos ingenuos, se requiere elevar la productividad de los trabajadores y de las empresas en las que laboran, lo que hace indispensable adoptar políticas como la aquí descritas.