MARTES, 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018
El 27

¿Cómo percibe usted el inicio del actual sexenio?
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“El gran triunfo del liberalismo es lo que ha logrado en relación a la limitación del poder.”
Guillermo Cabieses

Isaac Katz







“En la misma Constitución hay una deficiencia en la definición de los derechos privados de propiedad.”


Uno de los elementos centrales al referimos a un íntegro estado de derecho es lo concerniente a los derechos privados de propiedad, su definición en el marco legal. Son tres sus componentes: el de posesión, el de uso y el de transferencia. El de posesión debe entenderse como un derecho natural: los individuos deben tener el derecho a poseer bienes y recursos productivos como una extensión al derecho a la vida. El de uso se refiere a que cada agente económico privado debe gozar de la libertad para utilizar los recursos de su propiedad como más le convenga mientras en el ejercicio de esta libertad no atente en contra de los derechos de terceros. Finalmente, el derecho a la transferencia se refiere a que un agente económico puede vender los recursos de su propiedad mediante transacciones libres y voluntarias. Estos tres derechos son válidos ante los tribunales, que tienen como función garantizarlos y protegerlos. Lo anterior es relevante cuando analizamos el artículo 27 de la Constitución.

El primer párrafo del artículo señala: “La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada”. Como puede observarse, la propiedad privada no está reconocida como un derecho natural sino uno derivado de la propiedad de la Nación. Además, la Nación (lo que ello quiera entenderse), tiene el derecho, más no la obligación, de transferir los recursos a los particulares. Así, en la misma Constitución, hay una deficiencia en la definición de los derechos privados de propiedad.

El segundo párrafo señala: “Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización”. No se establece qué debe entenderse por utilidad pública y para ello hay que acudir a la Ley de Expropiación. En ésta se establece como causa de expropiación (artículo 1, fracción IX) “La creación, fomento o conservación de una empresa para beneficio de la colectividad”. Esto le permitiría al gobierno expropiar recursos privados para crear empresas públicas o inclusive expropiar empresas privadas en quiebra para proteger el empleo. Y al respecto, no hay límite.

En cuanto a la indemnización, la fracción VI del artículo 27 indica: “El precio que se fijará como indemnización a la cosa expropiada, se basará en la cantidad que como valor fiscal de ella figure en las oficinas catastrales o recaudadores, ya sea que este valor haya sido manifestado por el propietario o simplemente aceptado por él de un modo tácito por haber pagado sus contribuciones sobre esta base”. Aquí hay otra deficiencia ya que la indemnización siempre tendría que reconocer el valor de mercado del recurso expropiado.

El tercer párrafo del artículo indica: “La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer sobre la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público...”.  Nuevamente, ¿qué debe entenderse por “la nación” y quién la representa? ¿El presidente actuando como “dictador benevolente” que decide cuál es el interés público? Además, imponer sobre la propiedad privada modalidades de uso, claramente violenta el segundo componente de los derechos privados de propiedad, la libertad de uso.

Por otra parte, el artículo 25 constitucional señala en su quinto párrafo: “El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que señale el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución...”. Cualquier sector puede ser incluido con una reforma constitucional aprobada por el Congreso y 17 legislaturas estatales.

Con la misma Constitución nos podemos ir de la economía más liberal a la más estatizada. Así las cosas.

*Artículo publicado originalmente en El Economista.


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