El artículo 4 de la Constitución establece: “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”.

El mandato constitucional es claro e inclusive podría afirmarse que al establecerse “el interés superior de la niñez”, todas las políticas públicas tienen que subordinarse a este objetivo. Esto adquiere relevancia por los señalamientos de miembros de Morena, incluidos los del propio presidente electo, de derogar la reforma educativa aprobada en el 2013, misma que tiene como objetivo incrementar la calidad de la educación que se imparte en el sistema educativo nacional, particularmente en las escuelas públicas; un proyecto de largo plazo.

Es claro que lo que no se puede medir no se puede mejorar y de ahí que uno de los elementos centrales de la reforma es la evaluación de los profesores, tanto de manera directa a través de exámenes que presentan, como indirectamente a través de los exámenes estandarizados que presentan los alumnos. La evaluación y su liga con el acceso, salario y ascenso dentro de carrera magisterial tiene como objetivo generar los incentivos para la mejora de los propios profesores, tanto en lo que respecta a los conocimientos mínimos necesarios para impartir el curso al cual estén asignados como sus capacidades pedagógicas. Que los profesores sepan que un mejor desempeño en los exámenes que presentan repercutirá positivamente en su ingreso y en la posibilidad de acceder a un puesto de dirección, provee el incentivo para que ellos mismos se capaciten y/o accedan a cursos impartidos para tal efecto. Profesores mejor capacitados en conocimientos y pedagogía repercuten en una mayor calidad de la educación.

Más aún, el resultado en los exámenes que presentan los profesores genera la información que las autoridades pueden utilizar para inducir a éstos a inscribirse a cursos de capacitación pero también para evaluar el desempeño general de todos los profesores en un plantel educativo específico y tomar las medidas correctivas necesarias. Esto se constituye como el mecanismo para mejorar “desde abajo” la calidad de la educación impartida en cada plantel y en el sistema educativo en su conjunto.

Que los niños y jóvenes reciban un servicio educativo de alta y creciente calidad tiene cuatro efectos positivos. Primero, repercute en una mayor productividad potencial y en su ingreso cuando se incorporen al mercado laboral. Segundo, la educación se constituye como uno de los principales determinantes del ascenso en la escala social y económica y a la larga repercute en una distribución más equitativa de la riqueza y del ingreso. Tercero, se genera un círculo virtuoso ya que entre mayor es la calidad educativa de los padres, mayor valor le darán a la educación de sus hijos y estarán dispuestos a invertir más en su capital humano. Cuarto, entre mayor sea el nivel educativo de los individuos y la calidad del capital humano que posean, más eficiente y menos costoso es la introducción de cambios tecnológicos en la producción, principal fuente de crecimiento económico.

Derogar la reforma educativa y eliminar las evaluaciones de los profesores va en contra del objetivo de mejorar la calidad de la educación. Si lo hacen, para ser congruentes, también deberían eliminar del artículo 4 de la Constitución el mandato para garantizar el derecho de los niños para recibir una educación de calidad.

*Artículo publicado originalmente en El Economista