López Obrador ha señalado que su gobierno encabezará la cuarta transformación de México. En su discurso, nuestro país ha transitado por tres transformaciones: la independencia, el liberalismo en la segunda mitad del siglo XIX y la revolución de 1917 y su institucionalización en lo que podríamos denominar el “nacionalismo revolucionario” a partir de un sistema basado en el corporativismo y caracterizado por un arreglo de prebendas económicas a diversos actores a cambio de su apoyo a un sistema político hegemónico.

La tercera transformación, que se tradujo en un proceso sostenido de crecimiento  económico adoleció, sin embargo, de un problema estructural que se manifestó con notoriedad a finales de la década de los sesenta. El agotamiento del modelo de desarrollo “hacia adentro” basado en la sustitución de importaciones, en lugar de ser reemplazado por una política de desarrollo “hacia afuera”, como lo hicieron primero Japón y después Corea del Sur, se trató de fortalecer con un creciente intervencionismo del gobierno en la economía basado en una política macroeconómica (fiscal y monetaria) expansionista. La estabilidad que perduró durante la década de los sesenta (con una inflación promedio anual de 3.5%) se abandonó al incurrir el gobierno en altos déficits fiscales financiados con crédito primario del banco central así como un creciente endeudamiento externo (la deuda externa total del sector público, que en 1970 ascendió a 6,755 millones de dólares se incrementó a 76,988 millones a finales de 1982). Graves errores de política económica llevaron finalmente a que en agosto de este último año el gobierno se declarara en suspensión de pagos sobre su deuda externa. La bancarrota que experimentó la economía se tradujo en que México perdió acceso al mercado internacional de capitales, dando inicio a lo que se conoce como la “década perdida”.

La quiebra tuvo que ser afrontada con un fuerte ajuste fiscal. Así, de un déficit primario de las finanzas públicas que como porcentaje del PIB fue de 8 y 7.3% en 1981 y 1982 respectivamente, se pasó a un superávit de 4.2% y 4.8% en 1983 y 1984. Este ajuste, requerido para enfrentar la ausencia de nuevos flujos de financiamiento externo y para tratar de estabilizar la economía pero además, ante la manifiesta evidencia de la imposibilidad de tratar de continuar con el mismo esquema de desarrollo, dio también paso al inicio de la cuarta transformación.

Es a partir de 1985 que inicia ésta y que ha tenido como objetivo la modernización del aparato productivo nacional y, sobretodo, ampliar la libertad económica y política de los individuos. Son varios los cambios que pueden ser resaltados como el adelgazamiento del sector público (en 1982 el sector público tenía 1,155 empresas y organismos, desde Pemex hasta cabarets) y la apertura de la economía primero con la adhesión al GATT en 1985, seguida de una significativa disminución de aranceles en 1988 y la posterior firma de diversos acuerdos de libre comercio entre los que destaca el TLCAN. También sobresalen la autonomía del Banco de México en 1993, la reforma del Poder Judicial de la Federación en 1995, la reforma del sistema de pensiones en 1997, la fundación de diversos órganos autónomos del Estado y diversas reformas más recientes como la laboral, educativa, energética, financiera, telecomunicaciones, etcétera.

A pesar de estos cambios, los resultados en términos de desarrollo han sido menores a los deseados porque persisten varias dualidades: el centro-norte del país que crece a tasas elevadas y el sur estancado, empresas modernas y formales con alta productividad junto a otras informales, obsoletas y de baja productividad, una agricultura moderna y otra tradicional y otras.

¿Hacia dónde? Lo trataré en el próximo artículo.

*Artículo publicado originalmente en El Economista