La semana previa se anunció que el Premio Nobel de economía sería para William Nordhaus y Paul Romer, con quien coincidí en la Universidad de Chicago, por sus trabajos en economía del medio ambiente y sus aportaciones a la teoría del crecimiento.

El anuncio citó que Nordhaus y Romer habían sido seleccionados por “integrar el cambio climático, y la innovación tecnológica al análisis macroeconómico,” respectivamente, atendiendo algunos de los problemas urgentes para lograr un crecimiento sustentable y sostenido.

Romer demostró cómo el conocimiento y el avance tecnológico pueden ser el motor principal de un más rápido crecimiento y cómo gracias a la magia del interés compuesto, aumentos modestos en la tasa de crecimiento logran milagros en mejorar el nivel de vida de la población.

Si bien un análisis previo había destacado la importancia del avance tecnológico en el crecimiento, no había articulado cómo decisiones económicas y la condición de mercados eficientes coadyuvan a inducir a las empresas a generar y aplicar nuevas ideas y técnicas.

La solución de Romer creó lo que se conoce como la “teoría del crecimiento endógeno” que explica cómo las ideas son distintas de otros factores productivos, y requieren de condiciones específicas para florecer en el mercado, lo que motivó análisis sobre políticas y regulaciones óptimas para alentar nuevas ideas y su aplicación a los mercados.

Mostró cómo una intervención apropiada de la autoridad mediante patentes y subsidios, puede asegurar una tasa óptima de avance tecnológico en nuevos bienes y servicios, pero que al mismo tiempo hay que procurar que las nuevas ideas se difundan a la mayor brevedad.

El otorgamiento del Nobel a Romer no pudo ocurrir en un momento más oportuno pues sus sólidas y probadas tesis contrastan tajantemente con los planteamientos hechos por quien se hará cargo en México de la política pública en esa materia a partir del 1º de diciembre.

En efecto, la persona que dirigirá el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) afirma que habrá de “anteponer los intereses y cuidado de lo público, lo comunitario y los límites de la naturaleza al beneficio privado, así como salvaguardar la soberanía nacional en la generación y aplicación del conocimiento científico y de las tecnologías.”

La doctora Álvarez-Buylla[1] es “gran defensora de los pueblos, los saberes y las culturas indígenas.” En su proyecto propone “un cercano acompañamiento y fortalecimiento de las comunidades rurales en el cuidado de sus territorios y riqueza biocultural.”

La próxima directora para el Conahcyt –que reveladoramente antepone la h de humanidades a la c de ciencia–, propone que la “ciencia nacional” priorice:

1. Combatir rezagos sociales;
2. eliminar la brecha de género;
3. la restauración ambiental;
4. un verdadero diálogo de saberes y la protección de territorios comunitarios y su riqueza biocultural;
5. prevenir desastres naturales y respuesta ante ellos;
6. promover enfoques sistémicos y preventivos de salud;
7. la investigación biomédica de frontera para atenuar los impactos de las enfermedades que más aquejan a la población;
8. la producción agroecológica de alimentos sanos, diversos, suficientes y aptos culturalmente;
9. cuidar el agua;
10. evaluar los impactos del extractivismo (sic) y de industrias diversas;
11. promover industrias nacionales limpias y energías amigables al ambiente;
12. promover investigación social para prevenir la violencia, entre otros.

¡Casi nada! Me temo que Romer reprobaría este listado de enorme corrección política y nulo impulso a la creación de ideas útiles para la sociedad y el crecimiento.