En el PRD tienen un grave problema que deben resolver con urgencia: Su vocero, Gerardo Fernández Noroña (también conocido como “el clavadista”), no sabe leer. Este analfabetismo se está volviendo contagioso en la campaña de la Alianza por el Bien de Todos.

Dijo Fernández Noroña, la tarde del sábado, que el comunicado de la Secretaría de Hacienda denunciando que funcionarios del gobierno del Distrito Federal habrían (el condicional es obligado porque se trata de una presunción que da sustento a una denuncia y no de un caso ya sentenciado) difundido indebidamente información de carácter confidencial de los contribuyentes, confirma “implícitamente” que Diego Zavala Martín del Campo y/o las empresas en que esta persona labora “no enteraron los pagos de impuestos correspondientes a ingresos por $2,500 millones de pesos”.

Invito al lector a leer y releer ese comunicado de Hacienda en la página de Internet de esa dependencia todas las veces que haga falta e indicarnos aquí, en el espacio de Asuntos Capitales, dónde –así sea en forma tácita, implícita, análoga, oblicua, metafórica, figurada, parabólica o demás-, la SHCP “confirma” esa mentira.

No hay forma de entender eso a partir del texto del comunicado ni siquiera ayudándose con un “arponazo” de coca o con tres o cuatro cigarritos de marihuana.

Vamos a ver si entre todos podemos ayudar a Gerardo Fernández Noroña en la difícil tarea de aprender a leer; en mis tiempos, a eso le llamaban en la escuela primaria “lectura de comprensión”.

Cualquiera que lea el comunicado de Hacienda entiende que se están refiriendo a dos hechos incuestionables: En la página de Internet de la campaña de Andrés Manuel López Obrador se “vaciaron” datos del pago –ojo, del pago, NO del no-pago- de impuestos de esas empresas. Esos son datos duros: pagaron tanto más cuanto en tal año y tanto más cuanto en tal otro año… Junto con esos datos, los analistas del PRD –que parecen desconocer los entresijos de la legislación fiscal, específicamente de la ley del ISR- infieren que esos pagos serían menores a los que corresponderían a los ingresos de esas empresas (están pasando por alto, deliberada o inadvertidamente, el pequeño detalle de la reinversión de utilidades y otras deducciones perfectamente legales) y lanzan sus denuncias calumniosas contra el candidato del PAN que, a la postre, resulta “culpable” de parentesco político de un socio y empleado de unas empresas que sí pagaron impuestos pero no en el monto que algunos analistas, anónimos y mal preparados, suponen que debieran haberlo hecho. Bien, lo que Hacienda está denunciando es que esos datos duros –lo que sí pagaron las empresas- son de carácter confidencial y sólo pudieron obtenerse de la base de datos del Servicio de Administración Tributaria. De ahí, como voceros de la propia Secretaría explicaron a algunos medios (ver “El Universal” del mismo sábado), el SAT investigó quién -de quienes tienen autorizado el acceso a esa base de datos- hizo alguna consulta de los mismos recientemente y encontró el SAT, porque cada consulta deja el equivalente de una “huella digital electrónica” del usuario, ¡que sólo habían sido consultados por personal del gobierno del Distrito Federal!  (Esto es posible, como explica el multicitado comunicado, porque desde 2003 existe un convenio de colaboración entre el gobierno federal y el de la capital del país que permite el acceso de este último a esa base de datos).

En ningún lugar del extenso comunicado Hacienda hace juicios, afirmaciones o inferencias de valor acerca del contenido específico de esa información difundida indebidamente.

La conclusión es obvia: Fernández Noroña sabe echarse clavados pero NO SABE LEER.

Si en vez de un merolico los perredistas tuviesen un vocero preparado, éste habría deducido cosas mucho más graves e importantes que se desprenden del comunicado de Hacienda:

1.      El gobierno del Distrito Federal –específicamente el personal de la Secretaría de Finanzas que tiene acceso a esa información- está en serios problemas. Próximamente, alguno o varios funcionarios de esa dependencia tendrán que responder incómodas preguntas ante un agente del ministerio público federal. Serán acusados, con pruebas muy firmes, de haber violado el Código Fiscal de la Federación y otros ordenamientos (la pena puede ser de cárcel).

2.      Esos mismos funcionarios infidentes también habrán de responder incómodos interrogatorios de la FEPADE (Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Electorales) por haber infringido gravemente la legislación electoral federal al haber usado recursos públicos a su cargo, así como su tiempo de trabajo, en beneficio de la campaña electoral de un partido político.

3.      Tampoco hay que descartar que en el futuro próximo muchos contribuyentes –personas físicas y morales- de peso (o de muchos pesos) cambien su domicilio fiscal para NO enterar impuestos federales en el Distrito Federal, dado que es obvio que sus datos confidenciales están en riesgo de ser difundidos irresponsable o criminalmente. Y tampoco hay que descartar que el Congreso exija próximamente a la Secretaría de Hacienda que cancele definitivamente un convenio de colaboración con el gobierno capitalino que pone en riesgo la integridad de los datos personales y confidenciales de los contribuyentes.

Ni uno solo de estos tres puntos captó Fernández Noroña de la lectura de ese comunicado. Como no podemos creer que se trata de un pillo, afecto a decir mentiras o a tergiversar la información en su provecho o en provecho de sus compadres políticos, sólo podemos deducir que NO SABE LEER.

¿Habrá algún alma caritativa dispuesta a enseñarle?