Los dos artículos anteriores los he dedicado a establecer algunos retos que tiene que resolver el próximo gobierno para poder impulsar un crecimiento más alto y sostenido de la economía. Destaqué, primero, la consolidación de la estabilidad macroeconómica basada en la autonomía del Banco de México junto con finanzas públicas sólidas (que incluyen fortalecer estructuralmente los ingresos tributarios del gobierno y una mayor eficiencia del gasto público tanto corriente como de inversión basada en que cada rubro de gasto tenga un valor presente neto social positivo, evaluación que no existe para tres grandes proyectos: la refinería, el tren maya y el aeropuerto en Santa Lucía). Segundo, generar las condiciones institucionales, legales y regulatorias, que promuevan la competencia en todos los mercados. Tercero, transitar hacia un sistema de seguridad social universal ya que el esquema actual, además de ser discriminatorio, actúa como un impuesto al empleo formal y un subsidio al informal, hecho que lastra el crecimiento. Cuarto, proseguir con la reforma energética, tanto en materia de hidrocarburos como de energía eléctrica.

En éste, analizaré un reto que es por demás crucial enfrentar: la garantía judicial en el cumplimiento de los contratos.

Una de las condiciones indispensables para promover la inversión y una asignación eficiente de recursos, es que los agentes económicos tengan la certeza de que en caso de que una de las partes viole un contrato, la parte afectada pueda acudir ante el poder judicial que obligue a quien lo haya violado a que cumpla con lo establecido o, en su caso, adjudique a quien resultó afectado en sus derechos de las garantías establecidas. Para ello se requiere que el poder judicial sea independiente, imparcial, eficiente y expedito. A pesar de su importancia para el desarrollo, éste es sin duda uno de los principales problemas que hay en México, uno de los componentes más débiles de todo el arreglo institucional, lo cual ha inhibido la asignación eficiente de recursos, la inversión y el crecimiento.

A pesar de que prácticamente toda la legislación en materia mercantil es federal, los conflictos entre agentes económicos derivados del incumplimiento de los contratos se dirime en los juzgados y tribunales estatales del orden común, dado que así lo permite el artículo 104 constitucional cuando solo estén involucrados agentes económicos privados. Al respecto hay tres problemas. Uno, los poderes judiciales estatales no son efectivamente independientes de los otros poderes, particularmente del poder ejecutivo estatal. Dos, existe una significativa incidencia de corrupción en los juzgados y tribunales, por lo que no hay garantía de imparcialidad en el proceso y en las sentencias. Tres, son muy pocas entidades en las cuales existen tribunales especializados en materia mercantil, por lo que en ocasiones los procesos de solución de controversias, entre el proceso ordinario, la apelación y la ejecución de la sentencia pueden durar inclusive años, lo que violenta el principio de impartición de justicia eficiente y expedito.

El reto es cómo enfrentar y solucionar este problema. Dado que los estados son libres y soberanos (tal como se establece en el artículo 41 constitucional), la intromisión directa del gobierno federal en materia de impartición de justicia mercantil, más allá de convencer a cada gobernador y cada congreso estatal de que dejen de ser agentes maximizadores de rentas, sería vista como un atentado a tal soberanía. En consecuencia, la solución puede venir modificando el artículo 104 y transferir a los tribunales federales la impartición de justicia en materia mercantil. Para ello se requeriría dotar de mayores recursos al Poder Judicial de la Federación para la creación de tribunales especializados. Sin duda cuesta, pero el statu quo cuesta todavía más.

*Artículo originalmente publicado en El Economista.