Las conductas que debe prohibir el gobierno son las que violan derechos de terceros: matar, viola el derecho a la vida; secuestrar, viola el derecho a la libertad; robar, viola el derecho a la propiedad, violaciones que son delitos. Consumir drogas no viola ninguno de estos derechos, razón por la cual dicha conducta no debe prohibirse, y sin embargo se prohíbe, con todas las consecuencias negativas que ello trae consigo, comenzando por toda la faceta delictiva (asesinatos, torturas, secuestros, depuraciones, etc.) del narcotráfico, lo cual genera problemas más graves que los que ocasiona el consumo de las drogas.

El consumo de drogas forma parte del derecho a la libertad individual, por lo que no debe prohibirse, como tampoco debe prohibirse, por lógica, ni su producción, oferta y venta, ni su demanda y compra. Para consumir hay que demandar y comprar, para lo cual hay que producir, ofrecer y vender. Se trata de seis actividades (producción, oferta y venta, por un lado; demanda, compra y consumo, por el otro) que forman parte del mismo proceso, por lo que, si se legaliza la última (el consumo), por lógica deben legalizarse las otras cinco (producción, oferta, venta, demanda y compra), legalización que, si realmente se ha de respetar el derecho a la libertad individual, debe permitir que todo aquel que quiera dedicarse a producir, ofrecer y vender drogas lo pueda hacer.

Llegados a este punto hay que distinguir entre lo legal y lo ético. Consumir drogas no es una actividad delictiva por su propia naturaleza (como lo apunta Lysander Spooner: los vicios no son crímenes), pero sí es una actividad que ocasiona daños a la salud, tanto física como mental, y daños morales a terceros, por lo que su producción, oferta y venta resultan éticamente reprobables, reprobación ética en la que caerán todos los que, legalizado el consumo de la mariguana, se dediquen a proveerla.

No estoy a favor del consumo de drogas, pero sí del respeto a la libertad individual, por lo que estoy a favor de que cada quien decida si consume o no. Pero que alguien decida consumir drogas no justifica que alguien más las produzca, ofrezca y venda. Las necesidades y poder adquisitivo del consumidor no deben convertirse en la única justificación para producir, ofrecer y vender. “Es que lo necesita y tiene con que pagarlo”, no es justificación suficiente para proveerlo, como tampoco lo es la ganancia que pueda obtenerse de ello: “Es que se obtienen jugosas utilidades”. En ambos casos hay que considerar qué es lo que el consumidor quiere y qué efecto tiene sobre su salud y, en el caso de las drogas, sobre su dignidad como persona.

Legalizada la producción, oferta y venta, demanda, compra y consumo, de drogas, el balón queda en la cancha de la ética, comenzando por la ética de los proveedores, cuya responsabilidad en este ámbito es innegable.