Los artículos pasados los he dedicado a señalar algunos retos que enfrentará el próximo gobierno para alcanzar una mayor tasa de crecimiento económico que derive en mayor ingreso y bienestar para la población. Entre los retos mencionados destaqué consolidar la estabilidad macroeconómica respetando la autonomía del Banco de México y generando un superávit primario de las finanzas públicas, fortalecer estructuralmente los ingresos tributarios del gobierno homogeneizando el IVA, incrementar la eficiencia y eficacia del gasto público, tanto social como de inversión, transitar hacia un sistema de seguridad social universal, proseguir con las reformas como energética, educativa, telecomunicaciones, financiera y competencia y la imperiosa necesidad de una reforma del poder judicial para garantizar el cumplimiento de los contratos entre agentes económicos privados.

Podría proseguir con este listado pero terminaré esta serie con un asunto por demás crucial: la eficiente definición de los derechos privados de propiedad y, sobre todo, la garantía de su inviolabilidad como condición sine qua non para generar condiciones de certidumbre para la inversión privada, sin la cual no hay forma de incrementar el crecimiento económico.

Los derechos privados de propiedad son un derecho natural y así tiene que estar reconocido. Son tres los elementos que lo componen: el derecho a la posesión de bienes y de factores de la producción, el derecho a utilizar estos bienes como cada quien decida mientras en el ejercicio de esta libertad se respeten las derechos de propiedad de terceros y el derecho de transferir la propiedad mediante transacciones enteramente voluntarias en mercados que operen en competencia. Estos tres derechos son esenciales para que cada agente económico privado trate de maximizar su nivel de bienestar en el caso de una familia y la rentabilidad en el caso de una empresa.

Además de que en el marco legal tienen que estar eficientemente definidos los derechos privados de propiedad y que una de las funciones del gobierno es generar las condiciones que procuren la existencia de mercados que operen en competencia, también es función del gobierno garantizar que estos derechos no serán violentados por otros agentes económicos privados y, sobre todo, que no serán violentados por el propio gobierno, lo cual requiere no solo el compromiso gubernamental de absoluto respeto a los derechos de propiedad sino también de un poder judicial independiente e imparcial que proteja y garantice estos derechos.

Las señales al respecto que se han dado recientemente no son halagadoras; destaco tres. La primera es la decisión unilateral y sin sustento legal para cancelar las obras del nuevo aeropuerto, lo cual es un claro atentado a los derechos privados de propiedad, tanto para las empresas contratantes como para los ahorradores nacionales y extranjeros que canalizaron recursos para financiar la construcción. Ambos están en todo su derecho de exigir que el próximo gobierno les restituya el daño causado y será obligación de éste hacerlo. Mientras tanto el riesgo país ya aumentó, lo que inhibirá la inversión y el crecimiento.

La segunda es la propuesta de modificación de la Ley del Banco de México para que éste financie con emisión primaria el gasto de gobierno; la inflación que generaría, que es un impuesto expropiatorio, atenta contra los derechos privados de propiedad. La tercera, es la propuesta de eliminar la administración privada de las cuentas individuales de retiro para que sean administradas por el propio gobierno y se usen los recursos para financiar solamente la inversión pública y el déficit fiscal; esta expropiación también atentaría contra los derechos privados de propiedad.

Al próximo gobierno le tiene que quedar claro que sin un absoluto respeto y garantía de los derechos privados de propiedad será imposible lograr la meta de un mayor desarrollo económico.

*Artículo publicado originalmente en El Economista