El grave problema de partir de premisas falsas es que se llega a conclusiones erróneas, lo que es mucho peor cuando sobre ellas se emprenden políticas públicas condenadas al fracaso. Esta es la gran tragedia del discurso inaugural del presidente de México el pasado sábado.

Plantear que la corrupción es causada por lo que él llama el “modelo neoliberal” es más que una tontería, es una mentira, pues cuando se compara la lista de países con mayores índices de libertad, resulta que también son aquellos en los que la corrupción es menor.

Si por neoliberal se entiende la filosofía política basada en el liberalismo clásico que renace en 1947, entre las cenizas que dejó la guerra contra regímenes totalitarios, al fundarse la Sociedad del Monte Pelerín en Suiza para persuadir al mundo de las virtudes de gobiernos acotados, que respetaran la libertad individual, en México nunca se aplicó a cabalidad.

Las “reformas estructurales” se adoptaron de emergencia desde 1983 cuando el país quebró por el desenfreno populista que culminó con un sector paraestatal que perdía casi el 20% del PIB, en el que la corrupción era rampante, y con un aparato productivo inútil y atrofiado por su cerrazón frente al mundo.

Quizá la mayor excepción fue la apertura comercial y financiera pues el resto de las reformas se hizo tarde y a medias, con sectores enteros vedados a la competencia lo que consolidó monopolios públicos y privados. No se crearon órganos reguladores efectivos, y se descuidó fatalmente el Estado de derecho.

Lo que prevaleció en el México de los últimos 36 años, lapso que el presidente califica como “neoliberal,” fue un capitalismo de compadrazgo que funcionó en parte bien, en áreas a las que acuerdos internacionales como el TLC de Norteamérica dotaron de certidumbre con reglas de juego parejas y creíbles.

La corrupción florece cuando hay impunidad por la bajísima probabilidad de detectar quién la ejerce, y a que los castigos no son rigurosos. Pero también es alentada por la falta de incentivos para ser honesto: sueldos bajos, malas condiciones de trabajo y el desprestigio creciente del funcionario público.

Otros incentivos que alientan la corrupción están en un aparato burocrático lento y lleno de trámites redundantes, pensados para complicar la vida de quien los hace. La corrupción es ingrediente básico para superar los obstáculos que crean los propios burócratas. Pero para el actual gobierno desregular, elemento esencial para combatir la corrupción, ¡es una reforma neoliberal!

De acuerdo al Índice de Libertad para 2017 del respetado Instituto Cato, los diez países más libres son Suiza, Hong Kong, Nueva Zelanda, Irlanda, Australia, Finlandia, Noruega, Dinamarca, Países Bajos y el Reino Unido, todos ellos con Estados liberales y democráticos que funcionan ejemplarmente.

El México que el presidente acusa como paraíso neoliberal, se ubica en el lugar 73, muy por detrás de Chile que inició su marcha al liberalismo económico en 1973 y la consolidó con la restauración de la democracia, y de Sudáfrica que hace escasamente 25 años vivía en el apartheid, lo más contrario a la libertad.

Si algo va a ocurrir al cancelarse las reformas liberales de los últimos años será ahondar la falta de libertad y fortalecer un Estado descoyuntado e inepto, ahora sin sus técnicos más capaces, que están siendo cesados o han emigrado a otros sitios, y disperso en todo el territorio nacional sin funcionalidad alguna.

Pensar que se va a eliminar la corrupción con sólo voluntarismo místico, no pasa de ser un sueño de opio típico del más puro realismo mágico que tanto gusta en Hispanoamérica pero que traducido a políticas públicas, será un rotundo fracaso. El resultado, sin duda, será menor libertad y más corrupción.