México vive hoy su particular “Apocalipsis Huachicolero” («huachicol» es una palabra de etimología maya, que originalmente designó una bebida alcohólica de baja calidad o adulterada, terminando por nombrar al combustible robado, como «huachicoleo» al acto de robarlo y «huachicolero» al ladrón).

El nuevo gobierno mexicano decidió combatir esta actividad delictiva. Nadie en sus cinco sentidos podría oponerse a este propósito, que es obligación del Estado y significa una enorme sangría a las finanzas públicas: Según el presidente López Obrador, se pierden diariamente 10 millones de dólares por perforaciones clandestinas a lo largo de los 1,600 kilómetros de ductos de distribución.

Aunque reparemos que la lógica detrás de la decisión de combatirlo por parte de López Obrador fue meramente recaudatoria y no de real preocupación por el Estado de Derecho: López Obrador necesita recursos para financiar los programas clientelares a que se comprometió, sin incurrir en nuevos impuestos o mayor endeudamiento. Y creyó que combatiendo al huachicoleo los obtendría, sin importar los costos sociales, que eran previsibles. Pero el problema de fondo fue la forma en que se hizo.

Cada día se venden 172 millones de litros diarios de gasolina en las estaciones de servicio del país. Para hacerla llegar y combatir el huachicoleo, el gobierno federal decidió cerrar los ductos y sustituir su distribución mediante pipas o carros tanque, protegidos por convoyes militares, lo que los haría invulnerables. El problema es que PEMEX, la empresa petrolera estatal mexicana, solo cuenta con poco más de 1,400 pipas y auto tanques para el reparto, pero esta cantidad solo alcanza para mover entre 10 y 15% de la demanda nacional. Cualquiera imaginará el caos y desabasto resultantes, que se reflejó de inmediato en colas de automovilistas por varias horas en las estaciones de servicio.

Además, el costo de transportar combustible por ruedas es 14 veces más caro que hacerlo por ductos, de acuerdo con la Comisión Reguladora de Energía (CRE), sin considerar el costo de desperdiciar una infraestructura ya construida. Al respecto, la secretaria (ministra) de Energía reveló que se han tenido que rentar 3,400 unidades más (¿beneficiando a políticos metidos a transportistas?) para distribuir el combustible en las zonas afectadas (Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Aguascalientes, principalmente, la región más productiva del país), lo que de cualquier manera tampoco alcanza a cubrir la demanda. Y en lugar de aliviarse, el desabasto podría extenderse a otros estados, como ya ha venido pasando en Querétaro, la Ciudad de México y su zona adyacente, el Estado de México.

Agréguese que hace 20 años, cuando comenzó el modelo de concesionar la venta de gasolina a particulares, sólo existían 77 terminales de almacenamiento en todo el país, aunque construidas para recibir combustibles por ductos, no por carros tanque. Hoy, 20 años después, siguen siendo las mismas 77 y solo se creó una privada, en virtud de la reciente Reforma Energética. Es decir, el país no tiene capacidad de almacenar, lo que acrecienta el desabasto, y el gasto público: hay por ejemplo, 60 barcos varados con gasolina en 14 puertos del país, que no pueden descargar por falta de logística, y cuya renta por solo flotar (mientras no haya un derrame ruinoso) es multimillonario, esto a pesar de que el gobierno al parecer redujo la importación de gasolina desde hace unas semanas.

A esas erogaciones, todavía agreguemos el costo fiscal para el gobierno ante la caída en la venta de gasolinas, y las pérdidas económicas a las empresas por 1,250 millones de pesos en tan solo tres estados en los primeros días, según organismos empresariales, y la imposibilidad de transportar alimentos, con las pérdidas y desperdicios resultantes, prefigurando el inicio de una escasez generalizada de productos básicos. Además de costos adicionales, como la caída en la actividad económica (en áreas como turismo, comercio, transporte, agricultura…) y otros sobreprecios no cuantificables fácilmente, como el tiempo de los consumidores esperando en las estaciones de servicio durante varias horas e incluso noches y/o días.

El gobierno de López Obrador ya tuvo que admitir que el procedimiento se hizo sin la suficiente planeación, además de sin estrategia, sin medidas preventivas y de manera autoritaria, sin consultar a otras autoridades y sin importar los costos sociales. En contraste, hubo países como Colombia y Reino Unido que lograron resolver el robo de combustible sin suspender la distribución ni afectar a la población.

Frente a este cuadro, es natural que muchos reprochemos que el gobierno de López Obrador quiso salvar un peso y terminó perdiendo 10 (que no eran suyos, sino de los contribuyentes, que tuvimos que limitar muchas cosas para pagarlos), por muy justificado que haya sido su propósito, por mera improvisación, falta de planeación, ignorancia técnica, incapacidad de escuchar, soberbia e irresponsabilidad.

Es fácil resolver el problema: hay que abrir de nuevo y de inmediato los ductos y dejar de transportar por carros tanque, al menos para que la situación se normalice poco a poco, antes de agudizar la situación con medidas autoritarias y económicamente contraproducentes, como el racionamiento del combustible y la imposición de plazos para cargar, como ya deja ver el gobierno que son sus próximos pasos (Después culpará a los empresarios por los aumentos de precios y la baja actividad económica, acusándoles de “boicotear” al gobierno). Eso solo normalizaría el problema y causaría fenómenos como mercados negros, más desabasto, encarecimiento, controles de precios, más mercados negros… Paradoja: López Obrador quiso combatir el robo de combustibles y como van las cosas, solo logrará crear y normalizar más mercados negros.

Esto le obligaría, en contrapartida, a planear mejor una estrategia seria, realista, integral y de mediano plazo contra el huachicoleo, y a reducir sus programas clientelares (que de todas maneras deberá reducir por lo ya dicho, o bien, recortar y resignar arbitrariamente recursos de otras áreas de gobierno), al menos por este año, en lugar de persistir por la ruta de la ruina económica del país y la provocación de los ánimos sociales (trayecto en el que persistirá al menos mientras su popularidad siga en los altos niveles en los que está).

Pero esto es al menos para regresar a la situación previa. En realidad, lo ideal es que desabasto y escasez nunca más se vuelvan a presentar. Porque inevitablemente se volverán a presentar, mientras PEMEX siga siendo una empresa estatal y un virtual monopolio en muchas áreas, pese a la Reforma Energética, que López Obrador quiere derogar.

Y el desabasto se volverá a presentar como sucedió en el pasado: hace 30 años por la detención de líderes petroleros; apenas en 2016, durante el gobierno de Peña Nieto; durante los enloquecidos aumentos en las gasolinas, hasta de más del 1,200%, durante los gobiernos de Luis Echeverría, José López Portillo y Miguel de la Madrid, etc. Y todo como resultado de que el Estado impide la competencia a PEMEX, obstaculizando que pueda llegar a ser una empresa competitiva y autosuficiente.

Al respecto, PEMEX ostenta el triste galardón de ser la empresa petrolera más endeudada del mundo, con 104 mil 500 millones de dólares en deudas, con vencimientos por 5 mil 400 millones de dólares este año. En ese cuadro, Pemex debe el 97% de todo lo que genera. Y lo paga a expensas de los contribuyentes.

El mercado es la respuesta para que esto no nos vuelva a suceder. El propio presidente está pidiendo a gasolinerías que se abastezcan directamente en las empresas privadas (Exxon/Mobil, Tesoro, Chevron, Glencore, Marathon, Windstar, etc.) que comenzaron a poder importar gasolina a partir de 2017, pero que aún son minoritarias frente al virtual monopolio de PEMEX en toda la cadena de refinación, importación, almacenamiento y distribución de gasolinas. Por ejemplo:PEMEX produce el 100% de las gasolinas producidas en México, importa el 95% de ellas y tiene el 97% de la capacidad de almacenamiento.

Este pedido de López Obrador es un reconocimiento involuntario no solo de que la Reforma Energética que quiere derogar es su única solución efectiva, de largo plazo, sino también del fracaso de todo estatismo, de cualquier intervencionismo en la actividad económica. Si el presidente López Obrador fuera congruente, la consecuencia lógica de sus palabras sería sacar a PEMEX del negocio de las gasolinas y así empezar a acabar efectivamente con el huachicol.

Este nuevo episodio de desabasto solo dejó en evidencia (una vez más) que no necesitamos al Estado en actividades que las empresas privadas pueden hacer mejor, de manera más eficiente y económica. Es más: Que este desabasto, así como sus causas y sus consecuencias, son culpa del propio Estado.

Así, tu gasolina se la ha robado una larguísima cola de políticos, legisladores, funcionarios venales de PEMEX, sindicalistas, huachicoleros, políticos metidos a gasolineros privilegiados que compraban el huachicol, muchísimos mexicanos que se hicieron los disimulados… Todos. En el fondo, los auténticos huachicoleros son el Estado y sus funcionarios, con su ineficiencia, indolencia y desperdicios tradicionales. Y tú tienes que estar haciendo cola, ahora, precisamente por culpa de ellos.