Lo que se temió durante mucho tiempo, finalmente llegó: una réplica fuerte y severa de los mercados a los proyectos irresponsables del nuevo gobierno mexicano, en este caso sobre PEMEX (Petróleos Mexicanos), la petrolera estatal y principal empresa del país.

PEMEX es un buen ejemplo de que el intervencionismo estatal conlleva siempre pobreza, desperdicio y corrupción: A las empresas estatales les conviene prolongar los problemas y la pobreza que supuestamente están destinadas a curar. Trabajan no para solucionar los problemas encomendados, sino para favorecer y corromper a grupos de interés, ya que nadie cuida con responsabilidad el dinero ajeno. La situación precisamente que condujo a la petrolera pública a su actual situación.

PEMEX ha sido siempre una empresa sujeta a la influencia política, usada como caja chica del gobierno mexicano, y como botín y pieza fundamental de políticos, burócratas y sindicato, en el chantaje político. López Obrador trató de usarla en el mismo sentido, recargada, dando marcha atrás a algunos progresos importantes del pasado reciente, y fue entonces que vino la respuesta de los mercados.

Así, hace unos días, Fitch Ratings le recetó una rebaja en su calificación crediticia, es una de las advertencias más severas sobre la inviabilidad financiera de la principal empresa mexicana y, con ello, preocupantemente, de las finanzas públicas del país. Era una baja que ya se esperaba desde hace tiempo, sin que a nadie en el nuevo gobierno mexicano le hubiera preocupado y actuado en consecuencia. Al margen, habría que decir que otra de las tres grandes calificadoras, Moody’s Investors Service, decidió no hacer cambios en la calificación por ahora, dando el “beneficio de la duda” al gobierno López Obrador antes de hacer un cambio.

El golpe de Fitch costó de inmediato un incremento anualizado de mil – 1.5 mil millones de dólares, entre el servicio de deuda y los intereses acumulados de capital; es decir, PEMEX (o mejor dicho: los contribuyentes mexicanos) deberá pagar más intereses por la deuda que tiene. Aparte, significó una baja generalizada en la Bolsa Mexicana de Valores, un aumento en los intereses de la deuda corporativa y la del gobierno, y un aumento en el tipo de cambio. Todo ello incide en un mal clima de negocios en el país, con menos empleos e inversiones.

Al respecto, cabe señalar que PEMEX tiene hoy una deuda de 110 mil millones de dólares, que corresponde ya al 15 por ciento del Producto Interno Bruto del país; incluso todos los activos de la empresa son inferiores a su deuda. Y fue una deuda que se canalizó para pagar favores políticos, corrupción política y sindical, e inversiones y empleos improductivos. Así, PEMEX tiene el dudoso honor de ser la empresa petrolera más endeudada e ineficiente del mundo.

Adicionalmente, PEMEX enfrenta este año vencimientos de deuda por 5,400 millones de dólares, y un gasto de capital por 19,700 millones de dólares, un 22% más que el año pasado, en contraste con una producción petrolera que declina año con año, y con ella caen también sus ingresos. Como ha quedado claro, no hay claridad sobre cómo conseguirá PEMEX estos recursos, sobre cómo elevará la producción de crudo, ni sobre el futuro de la reforma energética. Esos fueron los elementos que juzgó Fitch para dar su calificación. En síntesis, las ocurrencias de López Obrador y su equipo no son rentables.

Uno esperaría que un gobierno desautorizado en sus planes financieros por una de las principales calificadoras del mundo, buscaría dar calma a inversionistas y delinear una solución de fondo. Pero López Obrador no: inmediatamente desacreditó e insultó a Fitch, la culpó de ser cómplice y no haber opinado antes sobre los problemas de corrupción y robo de combustible en la empresa y ratificó, finalmente, el mal rumbo emprendido.

López Obrador se equivoca (una vez más): La tarea de una calificadora es solo medir la fortaleza y certidumbre de una entidad que pide prestado y que para ello emite bonos de deuda. No es detener ni alertar sobre la corrupción ni el huachicoleo ni el “neoliberalismo”. Solo valora si tal país o entidad enfrentará problemas para cumplir con sus obligaciones y, en consecuencia, alerta a los inversionistas.

En tal sentido, el gobierno de López Obrador puede culpar de sus males al “neoliberalismo” de los gobiernos que le antecedieron y tratar de lavarse las manos; puede también desacreditar a Fitch y decir que se confabula contra su gobierno. Pero la realidad termina siempre por llegar: “Se puede ignorar la realidad. Pero no se pueden ignorar las consecuencias de ignorar la realidad” (Ayn Rand). Así que en la salvaguarda de sus intereses, a los inversionistas no les importa lo que digan López Obrador y su equipo, sino lo que dice Fitch.

Nadie niega que López Obrador recibió una empresa en problemas, pero tampoco que éste en solo 60 días cavó bajo sus pies, con proyectos faraónicos, con la amenaza de revertir en los hechos la reforma energética, con su improvisación y sus mentiras (como las que causaron el actual desabasto de gasolinas), con los nombramientos insensatos de los nuevos directivos de la empresa (sin experiencia en el ramo y al final sumamente ineficientes) y con la reversión del sistema de gobierno corporativo que la Reforma Energética buscaba implantar y que podía ser parte de la solución a los problemas de PEMEX. O al menos, de posponer su explosión.

En sus estrechos marcos ideológicos, López Obrador puede confundirse y creer que los “neoliberales” atacan a su gobierno. No, no es así: es una simple respuesta de la racionalidad de los mercados a sus malas e irreales decisiones. Y sin un plan de inversión para incrementar la producción y contar con los recursos que requiere PEMEX, y sin incorporar a la iniciativa privada en tales tareas, así como tecnologías como el fracking , podrían venir más duras respuestas de los mercados.

El gobierno de López Obrador descalifica e insulta en lugar de solucionar los problemas y evitar lo prioritario por ahora: que PEMEX no pierda el grado de inversión y que como consecuencia, los inversionistas se deshagan por ley de la deuda de PEMEX, causando una hecatombe financiera.

Si se pierde el grado de inversión de PEMEX, el gobierno federal tendría que apoyar los requerimientos de capital de la petrolera, aumentando transferencias, o dándole aportes de capital, o inyección de liquidez, o peor aún, tendría que garantizar directamente la deuda de la empresa, trasladando el problema de su pérdida del grado de inversión a la propia deuda pública del gobierno mexicano, multiplicando el problema. Para el país, sería como tratar de nadar con una rueda de molino en el cuello.

Si eso sucediera, los mexicanos perderán por partida triple: como usuarios de los productos de PEMEX (más caros y escasos), como sus supuestos “dueños”, ante una “inversión” malograda y perdida, y como contribuyentes obligados a rescatar a una empresa improductiva en quiebra, echando más dinero a un barril sin fondo.

México podría volver a repetir la historia de los 80s, cuando en medio de una larga y espantosa crisis económica, por la caída de los precios del petróleo, el líder petrolero de la época trató de chantajear al entonces candidato presidencial Carlos Salinas: “Si PEMEX se hunde, se hunde México y se hunde usted”, le dijo. Si las cosas se salen de control, hoy eso podría pasar, mutatis mutandis, con el gobierno de López Obrador.

Y es que los problemas se acumulan sobre la petrolera estatal. No es solo la ineficiente lucha contra el robo de combustible, con muchas más pérdidas que ganancias, sino hechos más inquietantes. Así, hace unos días se descubrió un automóvil con explosivos en una de las entradas de la Refinería Antonio M. Amor de Salamanca, la más grande del país.

Esto recordó el caso de la explosión de 2013, en las oficinas corporativas de PEMEX, que dejó varios muertos y que pudo ser producto de una bomba colocada por narcotraficantes, según fuentes estadounidenses. En el mismo sentido, al parecer lo de la Refinería de Salamanca fue una operación del llamado cartel Jalisco Nueva Generación, buscando culpar a su rival, el cartel Santa Rosa de Lima. Pero lo fundamental es notar que la refinería no es solo el epicentro del robo de combustible, sino también que ya es uno de los principales centros de tráfico y venta de estupefacientes en la región: Nada peor que ver de pronto como las instalaciones petroleras del país se pueden convertir en un sangriento campo de batalla entre bandas rivales de narcotraficantes, trasladando a su interior la perversa dinámica criminal de las zonas por donde pasan los ductos petroleros.

El caso de PEMEX es un ejemplo de manual de los problemas que aquejan a toda empresa estatal, que pese a su ineficiencia siguen funcionando, solo por la protección del Estado. PEMEX muestra que el resultado natural del intervencionismo estatal es un daño general a la sociedad y, en contraste, una renta injustificada para grupos paraestatales: políticos, burócratas y sindicatos. Y es que solo a estos grupos privilegiados se les puede ocurrir que crear más empresas públicas y más empleos improductivos (o peor aún: francamente anti-productivos) en ellas, pueden ser medidas positivas y beneficiosas.

Por eso, precisamente, los países pobres y subdesarrollados solo tienen burocracias. Mientras que los países ricos y libres, tienen mercados.