No me refiero a la supuesta salud deteriorada de López Obrador, como una probable causal para que López Obrador no termine su gestión. Sino a una serie de cuestiones que, en un país serio y respetuoso de la ley, ya habría generado un escándalo, y un alud de investigaciones en contra del presidente de la República, hasta analizar su posible remoción.

Sin duda, la mayor cuestión es la sospecha de que el régimen chavista venezolano apoyó económicamente a López Obrador, al menos desde 2006, según se dice. Al respecto, han sido muchos y reiterados los señalamientos en esa dirección, incluyendo la aparición de propaganda patrocinada por el PSUV en varias ciudades de Venezuela, en apoyo a López Obrador, hasta las declaraciones del periodista Max Aub, quien habló recientemente de supuestos testigos presenciales de la entrega física de tal apoyo económico.

A ellos sumemos la conocida vinculación orgánica entre MORENA (el partido fundado por López Obrador) y el chavismo, la propaganda a favor del chavismo durante la pasada campaña de López Obrador, hecha con dinero público mexicano, la supuesta intención de Maduro de apoyar a López Obrador, según denunció en 2018 el diputado venezolano Rafael Ramírez, acusación reiterada por el legislador en varias ocasiones, junto con otros señalamientos sobre supuesto financiamiento del chavismo a López Obrador.

Al margen, dicha acusación explicaría plausiblemente el porqué el regimen lopezobradorista ha apoyado a la dictadura de Nicolas Maduro, siendo una notoria excepción fuera de los gobiernos que lo hacen en gran parte por petróleo y compromiso económico (Bolivia, Nicaragua, Cuba, algunas islas caribeñas), al grado de que hasta el gobierno de Uruguay desairó y dejó solo al gobierno de López Obrador en su apoyo a Nicolás Maduro.

Ninguna de estas cuestiones ha generado la más mínima investigación de ninguna institución responsable mexicana (la nueva Fiscalía General de la República, la ex PGR, el INE, la Fiscalía contra delitos electorales, las autoridades fiscales o bancarias) o, al menos, alguna citación a los acusadores para documentar su testimonio y que presenten las pruebas que dicen tener.

La mayoría de estas instituciones ha preferido incumplir flagantemente su trabajo, o como hemos visto recientemente, han decidido ser más bien cómplices y escuderos en la venganza y el linchamiento del presidente López Obrador en contra de sus críticos.

A ello sumemos los indicios de lavado de dinero en la reciente campaña electoral de López Obrador, a manos de uno de sus hijos. O el desvío de recursos destinados a los damnificados de los temblores de septiembre de 2017, y que fueron a parar a manos de políticos de MORENA, esto sí investigado pero insatisfactoriamente sobreseído por el Tribunal electoral. O los crónicos escándalos de financiamiento ilegal que salpican el proyecto político de López Obrador, al menos desde 2004 con el caso René Bejarano. O hasta los posibles cargos futuros por malversación de dinero público, por la cancelación de Aeropuerto de Texcoco, por ejemplo.

Como buen país con impuestos escandinavos y, en contrapartida, un desempeño gubernamental africano, la impunidad ha sido la norma en relación con López Obrador. El temor ante la movilización de sus seguidores y las posibles agresiones de que son capaces (lo vimos recientemente en las diferencias de López Obrador con el Poder Judicial), así como el conocido victimismo de López Obrador, han disuadido a muchos funcionarios de actuar. Aunque no deja de ser desolador que en un país de 130 millones de habitantes, no haya uno sólo dispuesto a investigar y hacer cumplir la ley hasta donde sea indispensable.

La situación hoy es más grave que en el pasado, dada la total sumisión de las instituciones públicas frente a López Obrador, como es el caso de la Fiscalía General, donde López Obrador puso a un adicto suyo, bajo el pretexto de que permitir un Fiscal independiente significaría, según sus colaboradores, tentar un posible “golpe de estado”, como el escenificado supuestamente en Brasil en contra de Dilma Rousseff.

Quizá no sea dable esperar que alguna institución se atreva a realizar la investigación que demandan tantos indicios, ya que López Obrador cuenta con mayoría casi absoluta en el Congreso, la cual usa como arma cargada en contra de los otros contrapesos estatales. Sin embargo, como muchos ejemplos demuestran, es casi imposible que casos de financiamiento ilegal y corrupción partidista permanezcan ocultos: Casi siempre hay una disención interna que mueve a muchos actores a hablar y revelar cosas. Máxime en tantos casos protagonizados por testaferros de López Obrador, que ha sido todo, menos pulcros, como lo muestran los casos Bejarano, Luis Mandoki, Eva Cadena, etc.

Quizá el testimonio de un protagonista o testigo en desacuerdo, que no recibió lo que esperaba o creía merecer, o el posible y cada vez más cercano derrumbe del chavismo, podrían ser un revulsivo en contra del régimen de López Obrador, colocándolo contra las cuerdas o al borde de la renuncia, algo inusitado en México, al menos desde 1932, con la renuncia de Pascual Ortiz Rubio. No sería fantasioso esperarlo, ante la enorme cantidad de indicios, posibles casos y su gravedad, que hasta implicarían la figura de traición a la patria por parte de López Obrador y creíblemente algunos de sus colaboradores.