Ya quedó claro que López Obrador llegó al poder en parte por la complicidad y la manipulación provocada por el ex presidente Peña Nieto.

Hace unos días, el Tribunal Federal Electoral determinó que las acusaciones del gobierno Peña Nieto en contra del ex candidato del PAN, Ricardo Anaya, fueron destinadas a afectar su candidatura, cuando se encontraba en el segundo lugar de las encuestas, muy cerca (y en ascenso) del eventual ganador, Andrés Manuel López Obrador. Tras las acusaciones y por una incapaz defensa, Ricardo Anaya no volvió a crecer y se desplomó finalmente.

El dictamen del máximo tribunal electoral, en última instancia, evidencia y ratifica la existencia de un pacto político entre Peña Nieto y López Obrador: Peña Nieto debilitaría la candidatura de Anaya, usando facciosamente las instituciones del Estado, como golpeadoras a su servicio, a cambio de no ser perseguido por el gobierno de López Obrador. Uno y otro han cumplido su parte del acuerdo, con total y transparente impunidad. Siendo cosa juzgada la elección presidencial, lo único que queda es la presunción política inocua de dicho pacto.

A meses de aquellos acontecimientos, hoy México sufre las consecuencias indirectas del pacto de impunidad: la administración Peña Nieto no fue ni pulcra ni ordenada en el manejo financiero. Así, incrementó la deuda pública en casi 10 puntos porcentuales del PIB, adicionales al haber concretado una reforma fiscal expoliatoria, la cual le dio los recursos con los que otros gobiernos solo soñaron.

Adicionalmente, Peña Nieto endeudó a la empresa petrolera estatal, PEMEX, por más de 45 mil millones de dólares, colocando a la petrolera en virtual estado de bancarrota. Y todo este incremento de la deuda lo hizo en instrumentos denominados en dólares, que tuvieron su parte de responsabilidad en la brutal volatilidad y depreciación del peso resultantes en el sexenio pasado.

Todo esto configuró una herencia envenenada para el siguiente gobierno, el de López Obrador. El desorden en la deuda, la volatilidad cambiaria por la desconfianza hacia el gobierno entrante, la estrechez financiera por el pago de la deuda, configuraron un escenario financiero precario y hasta de emergencia, como ya vimos efectivamente se concretó en el caso de PEMEX y la baja en la calificación de su deuda. Lo escalofriante fue que aún sabiendo de la crítica situación económica, el nuevo gobierno comenzó a actuar en la dirección de empeorarla.

Proyectos descabellados como la Refinería de Dos Bocas, el Tren Maya o la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, junto con su masivo y clientelar programa de reparto de becas y subsidios, colocaron nueva presión a las finanzas públicas, aunada a muchas declaraciones irresponsables iniciales del nuevo gobierno y sus aliados.

Hoy el país padece las consecuencias de ese manejo irresponsable por parte de ambos gobiernos. Y aunque el problema no fue creado por la administración López Obrador, en estricto sentido, su comportamiento sí agravó el problema y lo hizo de pronóstico reservado. Por ello, todo apunta a que las finanzas públicas del país harán crisis en algún cercano futuro. La situación irá a peor.

La administración Peña Nieto jugó un papel muy importante para favorecer la llegada de López Obrador a la Presidencia de México. Hoy el gobierno de AMLO sufre el karma de la forma desaseada en que esto se operó y por desgracia, el país sufre y sufrirá las consecuencias.