Uno de los fenómenos que más le cuestan a la sociedad por el efecto negativo que tiene sobre el crecimiento económico, al inhibir la inversión y distorsionar la asignación de recursos escasos, es la corrupción. En el informe de 2018 de Transparencia Internacional del índice de percepción de la corrupción de entre 180 países, México se situó en el lugar 138 con un puntaje de 28/100. Vivimos en un país plagado por el cáncer de la corrupción; por ello es que para abaratar el crecimiento, es crucial abatirla. Existen varios tipos de corrupción; menciono tres.

Un primer tipo es lo que podría denominarse “al menudeo”. Aquí entran diversos tipos de pagos como las mordidas a los agentes de tránsito, a los empleados públicos para conectar un inmueble las redes de agua potable, drenaje y electricidad, a los empleados municipales para que se lleven la basura, en los procesos de procuración e impartición de justicia, etcétera. En todos estos casos lo que se observa es una transferencia de recursos de los particulares a funcionarios públicos. Esto obviamente reduce el bienestar de los particulares y además es un fenómeno que daña relativamente más a las familias de menores ingresos.

Un segundo tipo, particularmente en los niveles estatales y municipales de gobierno, es el que se deriva de una regulación excesiva e ineficiente de los mercados y que le permite al empleado encargado de administrar determinada regulación extorsionar al agente privado. El poder discrecional que en muchos casos tienen los funcionarios para otorgar o negar una licencia o permiso o inclusive inventar supuestas faltas a un reglamento o exigir un pago (o aceptarlo en caso de ser ofrecido) para obviar una falta reglamentaria, les permite actuar como buscadores de rentas. Lo que el funcionario está haciendo es apropiarse de una parte del flujo de utilidades de una empresa, restándole rentabilidad a la inversión realizada. Las empresas, en algunos casos tratarán de transferir, a través de mayores precios, el costo de la extorsión a los consumidores con el resultante menor nivel de bienestar. Un esquema regulatorio que permite que este fenómeno se dé de manera generalizada en la economía deriva en menor inversión y crecimiento.

Un tercer tipo de corrupción es el relacionado con el gasto público en adquisiciones y obras gubernamentales en los tres niveles de gobierno, no solo el federal. Un arreglo institucional que se basa en convocatorias públicas y abiertas para este tipo de gasto público tiende a reducir la incidencia de corrupción y el mismo gasto por una adquisición u obra determinada. Lo contrario se observa cuando el gobierno opta por las asignaciones directas o invitaciones restringidas que puede implicar la asignación del contrato a un agente privado que goce del favoritismo del funcionario público y/o el pago exigido por el funcionario (u ofrecido por la empresa privada) para asignar/obtener el contrato; también puede resultar en un desvío de recursos beneficiando directamente al funcionario encargado de administrarlos. Este tipo de arreglo corrupto impacta negativamente el gasto público así como la calidad del material adquirido o de la obra ejecutada, lo que reduce el nivel de bienestar de la población.

En mayor o menor grado los tres tipos de corrupción señalados inhiben la inversión privada y pública y generan una ineficiente asignación de recursos con el resultante menor crecimiento económico y menor nivel de bienestar de la población, presente y futuro y de ahí la importancia de combatirlo. López Obrador ganó con la promesa de hacerlo; ¿lo hará?, ¿querrá?, ¿podrá? Con los dos primeros tipos de corrupción arriba señalados, no. Y respecto del tercero, no hay buenas señales.

*Artículo publicado originalmente en El Economista