Uno de los factores que inhiben el desarrollo económico lo constituyen las barreras de entrada y salida de los mercados que enfrentan los agentes económicos, tanto productores como consumidores. Estas barreras, que pueden ser de diferentes tipos, encarecen la actividad económica, inducen una asignación socialmente ineficiente de recursos, reducen el bienestar de los consumidores y, en consecuencia, reducen la inversión y el crecimiento.

El tipo más común de barrera de entrada y salida de los mercados es la de carácter regulatorio (aunque existen otros como por ejemplo ausencia de infraestructura de comunicaciones, transportes y energéticos). Es un hecho de que los mercados no son perfectos por lo que para que funcionen “razonablemente” bien se requiere que estén eficientemente regulados. Esto implica que la regulación a la que se sujeta a los diferentes mercados, tanto de bienes y servicios como de factores de la producción no distorsione significativamente los precios relativos en la economía ni, en consecuencia, la asignación de recursos. Esta regulación tiene que ser “esbelta”, transparente y de aplicación no discrecional. El problema surge cuando el gobierno viola estos principios por lo que la regulación, en lugar de permitir un funcionamiento eficiente de los mercados, se convierte en una barrera que distorsiona los precios y la asignación de recursos (tanto sectorial como regionalmente), encarece la actividad económica y, consecuentemente, también el crecimiento.

Cuando las empresas, de diversos tipos y tamaño y operando en diversos sectores de actividad económica, se enfrentan a un exceso de regulaciones y éstas pueden ser interpretadas y aplicadas discrecionalmente por quienes las administran en el gobierno, se puede caer en al menos tres situaciones.

La primera es que le permite al funcionario actuar como buscador de rentas ya que está en su poder otorgar, negar, condicionar y vender un permiso o licencia o interpretar también de forma discrecional el cumplimiento de determinada disposición regulatoria. Lo que estaría haciendo el funcionario es, para efectos, extorsionar a las empresas y apropiarse de una parte del flujo de utilidades. Las empresas que perciben que pueden ser extorsionadas por la burocracia obviamente invertirán menos y/o exigirán una mayor rentabilidad ex ante para hacerlo, tratando incluso de trasladar vía mayores precios a los demandantes el costo de la extorsión. Cabe notar que esta es una de las principales fuentes de corrupción.

Una segunda es que la regulación excesiva y su aplicación discrecional puede derivar en un contubernio entre el funcionario y una empresa para imponer barreras de entrada a potenciales competidores, es decir, usar la regulación para generar prácticas monopólicas. Esto  le permite al monopolista extraer una renta a los consumidores (misma que comparte con el funcionario a quien sobornó) todo ello reduciendo el bienestar de los consumidores y la inversión total en la economía.

Una tercera situación que se puede presentar es que debido a una ineficiente regulación, los costos de salida se incrementen, lo que deriva en una asignación sectorial y regional ineficiente. Esto por ejemplo es relevante si las empresas enfrentan una caída permanente de la demanda o si hay un cambio estructural en los precios relativos que cambie, también estructuralmente la rentabilidad de operar en un sector o región. En este tipo de situaciones lo que se esperaría es una reasignación de recursos (capital y mano de obra), saliendo de los sectores y/o regiones en donde cayó la rentabilidad para utilizarse en donde la rentabilidad esperada sea mayor. Si la regulación es excesiva, esta reasignación se hará más lenta y costosa.

Así, para abaratar el crecimiento se requiere moverse hacia una regulación más eficiente en los tres niveles de gobierno.

*Artículo publicado originalmente en El Economista