Maquiavelo decía que un príncipe debía ser amado o temido para poder mantenerse en el poder. Pero como el amor es menos fuerte que el miedo, es finalmente mejor para el gobernante ser temido que amado.

En los estados democráticos modernos, sin embargo, el uso de la fuerza se ha vuelto complejo. Ya no es tan fácil para un gobernante usar a la policía o a los cuerpos de granaderos para disolver movimientos de protesta. En otros países del mundo hay cautela para respetar la libertad de expresión, pero las autoridades ponen una línea de demarcación sobre la que se puede hacer y lo que no se puede hacer en los movimientos de protesta. Y en el momento en que se afectan los derechos de terceros la autoridad interviene.

En México las autoridades muestran cada vez mayor incapacidad para discernir este límite o para mantenerlo. La semana pasada vimos un nuevo ejemplo en Oaxaca.

Durante tres semanas la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el SNTE, mantuvo tomado todo el centro histórico de Oaxaca. Los daños a la economía de la ciudad y del estado han sido enormes. El turismo, principal fuente de ingresos de la ciudad, se ha visto particularmente afectado. En distintos momentos los maestros de esta sección, la cual pertenece a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CNTE, grupo disidente del SNTE que siempre se ha enfrentado a la dirigencia nacional del sindicato, tomaron las carreteras de acceso a la ciudad de Oaxaca y bloquearon también los accesos al aeropuerto.

El gobierno del priísta Ulises Ruiz tardó tres semanas en reaccionar. Cuando finalmente lo hizo, al utilizar a la policía estatal para desalojar a los maestros de la sección 22 el miércoles 14 de junio, el operativo resultó un fracaso. La acción generó heridos y, según el sindicato, muertos (aunque éstos no han sido confirmados ni siquiera por el sindicato, que no ha podido siquiera informar sobre sus nombres). Varios policías fueron golpeados, como lo fueron también algunos de los maestros que participaban en el plantón.

Después de todo este esfuerzo, sin embargo, el gobierno oaxaqueño, que no tuvo el apoyo de la administración federal de Vicente Fox, se tuvo que echar para atrás. No sólo retiró a la fuerza pública y permitió que la sección 22 volviera a tomar el centro histórico de Oaxaca, sino que además retiró los cargos en contra de los maestros detenidos, algunos de los cuales habían sido aprehendidos presuntamente por posesión de armas de uso exclusivo del ejército, con lo cual se manda el mensaje de que, en adelante, quienes sean detenidos por bloquear carreteras o aeropuertos serán liberados por acuerdos políticos.

En todo este conflicto estamos viendo un debilitamiento del gobierno en todos sus niveles: desde el municipal hasta el federal pasando por el estatal. Los grupos políticos y sindicales, en contraste, se vuelven cada vez más poderosos. Éstos se dan cuenta de que pueden imponer sus reglas a cualquier gobierno en el país. Ya la ley importa poco: lo que realmente vale es el poder de presión de los grupos políticos. Los gobernantes de México, que nunca han podido ser amados, tampoco pueden ya ser temidos.