MARTES, 9 DE JULIO DE 2019
Abaratar el crecimiento (XII): El imperio de la ley

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“Incluso si la ausencia de gobierno realmente significara anarquía en un sentido negativo y desordenado, que está lejos de ser el caso, incluso entonces, ningún trastorno anárquico podría ser peor que la posición a la que el gobierno ha dirigido a la humanidad.”
Leon Tolstoy

Isaac Katz







“Un aspecto por demás importante por su efecto sobre el crecimiento es la garantía judicial del cumplimiento de contratos, sean éstos entre particulares o entre particulares y el gobierno.”


Escribí la semana pasada que una de las condiciones que tiene que cumplirse para que la economía experimente un crecimiento sostenido es que los agentes económicos se enfrenten a un conjunto eficiente de reglas formales que guíen su comportamiento e interacción y que los incentivos que de éste se deriven induzcan una asignación eficiente de recursos y estén alineados con el objetivo de crecimiento.

Las leyes tienen tres funciones principales: definir los derechos privados de propiedad, establecer bajo un manto de libertad individual qué actos le están prohibidos a los particulares y cuáles le están permitidos al gobierno y establecer las condiciones de entrada y salida de los mercados, procurando que éstos operen en un contexto de competencia para que rija la libertad de contratar. Este conjunto de reglas, que son la base del estado de derecho, tienen que cumplirse y respetarse por todos, incluido, y no sobra decirlo, el propio gobierno. Debe regir, para todos por igual, el imperio de la ley. Si no hay certeza de las reglas o éstas son violadas, principalmente por el gobierno, la adquisición de bienes de consumo duradero y la inversión privada serán menores, como también lo será el crecimiento.

La razón de ser del Estado es la protección y garantía de los derechos privados de propiedad en contra de actos de terceros, incluidos actos del gobierno, que atenten contra la integridad de la persona y/o de su propiedad. Uno de los elementos que integran los derechos privados de propiedad es la libertad que tienen los individuos de utilizar los recursos de su propiedad como más les plazca mientras en el ejercicio de esta libertad no se atente contra los derechos de terceros y de ahí que en el marco legal estén prohibidos y penalizados actos como son homicidio, violación, secuestro, robo, asalto, fraude, etcétera. Cuando este tipo de actos son cometidos en agravio de una persona, es papel del Estado perseguir y castigar a quien lo haya cometido. En un íntegro estado de derecho no puede haber impunidad ya que ello induce una asignación ineficiente de recursos y encarece el crecimiento. En México, la tasa de impunidad en delitos del orden común es de 95%.

Un aspecto por demás importante por su efecto sobre el crecimiento es la garantía judicial del cumplimiento de contratos, sean éstos entre particulares o entre particulares y el gobierno. Cuando una de las partes involucradas en un contrato lo viola, en su totalidad o en algunas de sus cláusulas, la parte afectada puede acudir a una instancia del poder judicial, mismo que tiene que ser independiente, imparcial, eficiente y expedito (o al arbitraje privado, cuyo laudo es válido ante el poder judicial). Es el poder judicial el que garantiza el cumplimiento del contrato o adjudica a la parte afectada las garantías establecidas en el mismo en caso de incumplimiento.

En México, esto último es uno de los elementos más débiles del arreglo institucional. La mayor parte de los juicios por violación de los contratos mercantiles se dirimen en los poderes judiciales estatales, en procesos plagados de corrupción, favoritismo y lentitud. Y es claro que si el poder judicial no cumple con su principal papel que es proteger los derechos de propiedad y garantizar el cumplimiento de contratos, el riesgo de inversión es mayor, lo que se traduce en una menor tasa de acumulación de capital, menor tasa de introducción de nuevas tecnologías de producción y menor crecimiento.

El rumbo es claro: o nos movemos hacia un íntegro estado de derecho, al imperio de la ley,  o seguiremos creciendo a tasas mediocres.

*Artículo publicado originalmente en El Economista

• Estado de derecho • Serie: Abaratar el crecimiento

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