Siempre recuerdo a uno de mis profesores de economía que la definía como una larga red y cuando le mueven uno de sus hilos, la red entera se agita de acuerdo al estímulo del primer hilo que agitaron. Porque, con el idioma de los mercados los precios trasmiten sus estímulos, positivos o negativos, a todos los diferentes participantes del mundo. Más ahora que vivimos en una era de tecnología que facilita como nunca la transmisión de la información instantánea que mueve al mundo.

Las investigaciones económicas y sociológicas de los problemas del socialismo que ha mostrado ser impracticable, no han emergido sin efecto y los fracasos de sus experimentos en todas partes han terminado decepcionando aun a sus más entusiastas admiradores. Gradualmente la gente ha empezado a entender que la sociedad no puede existir sin propiedad privada. Pero las hostiles agresiones que durante décadas ha sido objeto el sistema de propiedad privada de los medios de producción, ha dejado un enorme prejuicio en contra del capitalismo que, a pesar de los venenosos efectos del colectivismo, la gente todavía no se convence para abiertamente admitir que debemos regresar a los puntos de vista liberales en el tema de propiedad.

Sabemos que el socialismo es destructor e impracticable. Pero, por otro lado, aún hay quienes aseguran que un sistema de propiedad privada sin control es también diabólico. Entonces quieren construir una tercera avenida, una forma de sociedad concertada en medio del camino entre propiedad privada de los medios de producción, o una propiedad comunal de esos medios. En su proyecto, la propiedad privada es permitida, pero en los medios de producción empleados por los emprendedores, capitalistas, propietarios, debe ser regulada, guiada y dirigida por decretos autoritarios y prohibiciones. Así atestiguamos un capitalismo deformado a través de reglas autoritarias y desprovisto de los supuestos rasgos concomitantes con la intervención de las autoridades.

Es fácil ver la naturaleza de este sistema con algunos ejemplos de sus consecuencias. Los actos de intervención con los que tenemos que lidiar orientados a la fijación de precios en lugar de la forma que el mercado los hubiera determinado. Cuando los precios son establecidos por el mercado, lo que siempre sucede en ausencia de esa interferencia es que los costos de producción se cubren con los flujos resultantes. Si el gobierno decreta un precio más bajo, los flujos serán menores que los costos. Entonces los comerciantes y fabricantes procederán a mantener los productos fuera del mercado esperando mejores tiempos. Si las autoridades no quieren que esos bienes desaparezcan de los estantes, no podrán limitarse solo a fijar los precios; tendrán que decretar y forzar que todos los inventarios se vendan al precio fijado.

Pero, aun esto no será suficiente. Al precio que determinaría el mercado, como siempre sucede, oferta y demanda se habrían conciliado. Ahora, como el precio fue fijado bajo un decreto gubernamental, la demanda habrá crecido pero la oferta permanecerá sin cambio. Los inventarios existentes no serán suficientes para quienes estaban preparados a pagar el precio prescrito, y una gran parte de la demanda permanecerá insatisfecha. El mecanismo del mercado, que siempre tiende a conciliar oferta y demanda a base de la fluctuación de precios, ya no estará operando.

La gente que estaba preparada para pagar el precio prescrito por las autoridades tendrán que abandonar el mercado con las manos vacías. Los primeros en las colas o quienes tienen conexiones personales con los vendedores adquirirán todo el inventario; los demás se retirarían insatisfechos. Si el gobierno quisiera evitar las consecuencias de su intervención que tuvo resultados contrarios a lo que intentaba, deberá ahora racionar control de precios y ventas compulsivas: una nueva regulación deberá determinar qué tanto de un determinado producto puede ser vendido a cada individuo al precio establecido por el gobierno.

Pero, una vez que los inventarios se agoten, emergerá un problema más grave. Como la producción ya no es redituable al precio fijado, los bienes y servicios objeto de ese control se reducirán o desaparecerán totalmente. Si el gobierno quiere que la producción continúe, deberá obligar a los industriales a producir y, para ello, deberá también fijar los precios de materias primas y los salarios de los trabajadores. Si decreta todo eso, no podrá limitarse a una de las muchas ramas de producción que las autoridades desean regular porque consideran ciertos productos especialmente importantes. Tendrán que incluir todas las ramas de la producción y deberán regular los precios de todos los productos y todos los sueldos. Resumiendo, deberán extender su control sobre el conducto operativo de todos los emprendedores, capitalistas, terratenientes y trabajadores.

Si algunas de las ramas de producción es dejada libre, capital y trabajo fluirán hacia ella huyendo de la intervención y el gobierno fracasará en su intención de lo que trataba lograr con la primera intervención. Sin embargo, el propósito de las autoridades que debería ser la abundancia de producción en una rama específica de esa industria que, por la importancia que ellos dan a sus productos la han establecido como blanco de su regulación, ha resultado en que todo este proceso se desarrolle provocando lo contrario de lo que los cerebros burocráticos y los apóstoles del bienestar social pretendían lograr.

Esto se puede aplicar a todas las actividades en las que el gobierno interviene sin respetar la operación de la mano invisible, como para establecer salarios más altos promovidos por la coerción de los sindicatos apoyados por el mismo gobierno. Es cuando debemos preguntar ¿Quién pagará el costo que ello implica, los patrones o los trabajadores? Si la carga recae en los trabajadores, son privados de los frutos de ese aumento artificial de salarios y pagan un costo mayor que ese incremento. El patrón, evitando que esos costos no le permitan competir en el mercado al hacer el empleo menos redituable, tiende a despedir y el nivel de empleo se reduce. Es cuando al patrón se le carga el costo de los beneficios de desempleo con impuestos sobre sus ganancias o su capital. Pero cuando el capital es consumido o cuando la formación de ese capital se reduce, igualmente se reduce el empleo.

Cuando el gobierno artificialmente trata de incrementar el empleo a base de programas de obras públicas que no son necesarias, los recursos se tienen que retirar con impuestos o préstamos de capital que normalmente se dedicaría a otras actividades que realmente sean creadoras de valor y riqueza. Es decir, el desempleo en una industria específica puede ser mitigado de esta forma, solo en la magnitud en que se incremente en otra. Y regresamos a la primera afirmación: ¡el intervencionismo del gobierno solo causa la destrucción de la economía!