En el artículo de la semana pasada escribí que en México, después de 198 años de ser una nación independiente, el 42% de la población vive en condiciones de pobreza moderada (su ingreso no es suficiente para adquirir una canasta básica de consumo alimentaria y no alimentaria y además tiene una carencia social), mientras que el 7% de la población es extremadamente pobre (su ingreso es insuficiente para adquirir la canasta alimentaria y tiene al menos tres carencias sociales) y lancé la pregunta ¿qué falló?

Responder a esta pregunta es crucial porque si no tenemos un diagnóstico relativamente claro de qué se hizo mal y qué se hizo bien, difícilmente se podrá avanzar en la dirección correcta para diseñar una política pública que nos lleve como país a mayores niveles de desarrollo económico que incluya menor incidencia de pobreza y menor inequidad. Es obvio que es imposible responder total y cabalmente la pregunta en este artículo, pero hay un elemento que ha estado siempre presente a lo largo de la historia económica (inclusive en el periodo prehispánico y durante el virreinato): la extracción de rentas.

Cuando nos referimos al concepto “extracción de rentas” hablamos de aquella situación en la cual un agente económico se apropia de una parte del ingreso nacional por encima del valor de lo que fue su contribución neta a la generación de ese ingreso. Un sistema económico en el cual está presente la extracción de rentas deriva en una economía con bajos niveles de desarrollo económico ya que el proceso mismo de crecimiento es notoriamente costoso, resultando en una alta incidencia de pobreza y una notoria inequidad en la distribución de la riqueza (y del ingreso), o en palabras de Acemoglu y Robinson, un sistema económico excluyente.

Sin irnos muy lejos al pasado para analizar la extracción de rentas (por ejemplo la encomienda y el monopolio del comercio internacional durante el virreinato o las haciendas y la explotación minera durante el porfiriato) en la historia económica reciente tenemos muchos ejemplos empezando con la construcción del sistema político corporativista con Lázaro Cárdenas, un sistema que paulatinamente se fue consolidando con el apoyo político de diferentes sectores y agentes económicos (líderes campesinos y sindicales, los trabajadores sindicalizados, la burocracia alta y baja y los empresarios) a cambio de prebendas, a cambio de rentas económicas.

El mejor ejemplo de lo anterior es el modelo de desarrollo adoptado desde mediados de la década de los cuarenta pero que se consolidó en el periodo conocido como el “desarrollo estabilizador” que va desde 1960 hasta 1971. Este modelo promovió la industrialización de la economía y para ello utilizó cuatro subsidios: la protección comercial (aranceles y restricciones cuantitativas) a la industria nacional de la competencia externa (la sustitución de importaciones), los subsidios fiscales (depreciación acelerada de la inversión), subsidios financieros (créditos a tasas de interés preferenciales) y subsidios a insumos básicos principalmente energéticos y agua.

Este esquema logró el objetivo de promover la industrialización (el PIB industrial creció en el periodo señalado en promedio al 11% mientras que el PIB total lo hizo al 7%), transfiriendo rentas a los empresarios y a los trabajadores de este sector (y sus líderes). Estas rentas fueron pagadas por los consumidores que enfrentaron mayores precios y menor calidad y diversidad de los bienes (y un relativamente menor nivel de bienestar) así como por los productores del sector primario ya que los aranceles con los que se protegió al sector industrial actuaron implícitamente como un impuesto a la producción agropecuaria, castigo que se magnificó con los controles de precios a los alimentos.

Esta historia continuará.

*Artículo publicado originalmente en El Economista