La poderosa agrupación de las mayores empresas de EU, Business Roundtable, recién cambió la tesis que el propósito esencial de las empresas en un mercado libre debe ser maximizar sus utilidades, por una gaseosa lista de buenos deseos bajo el paraguas de la “responsabilidad social de la empresa.”

Milton Friedman escribió un lúcido ensayo[1] sobre el tema en 1970, año en el que llegué a la Universidad de Chicago y tuve el privilegio de asistir a sus cursos, en los que entendí por qué maximizar utilidades en una auténtica y efectiva economía de mercado, conduce también al mayor bienestar la sociedad.

¿Qué significa declarar que las “empresas” tienen responsabilidades, cuando sólo las personas las tienen? Para aclarar este debate lo pertinente es definir las implicaciones para las partes interesadas de la “responsabilidad social” de la empresa, que también es la difusa doctrina que propone la iglesia católica.

En una economía de mercado y propiedad privada, sus directivos son empleados de los dueños del negocio y tienen la obligación de maximizar sus utilidades, atendiendo, por supuesto y con todo rigor, al marco legal y regulatorio y a las reglas éticas que impone la sociedad mediante la acción del gobierno.

En ese contexto pueden coexistir con otras entidades cuyos objetivos no busquen el lucro, como hospitales y escuelas privadas, cuyo propósito es ofrecer servicios a la sociedad por sus patrocinadores, y con actividades altruistas que los propios empresarios asumen voluntaria y altruistamente en beneficio de otros.

Si el empresario accede a acatar otras prioridades, como no subir el precio de su producto para abatir la inflación, gastar recursos de la empresa para bajar la contaminación por encima de los niveles que marca la ley, o contratar “inempleables” -¿los ninis de este gobierno?-, en lugar de candidatos calificados, para “abatir la pobreza,” estaría derrochando recursos que no son suyos.

De actuar así, el empresario estaría aplicando impuestos y decidiendo cómo gastar lo que de ellos obtiene, que son funciones exclusivas del gobierno, en el marco de una Constitución, sus leyes, y de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial que las definen, aplican y supervisan por mandato de la sociedad.

Esta es la razón esencial que la doctrina de la “responsabilidad social” implica aceptar una visión socialista, de que la forma más apropiada para determinar la asignación de recursos escasos entre usos alternativos, es con instrumentos y decisiones de política y no mediante los mecanismos del mercado.

En una economía de mercado, todos participan porque les conviene, mientras que en un sistema bajo la rectoría política del Estado, el individuo se pliega al “interés de la sociedad,” siempre definido por quien la controla. A ésta la llamó Friedman una “doctrina esencialmente subversiva” de una sociedad libre.