La polémica iniciada por el Business Roundtable (BR) al redefinir el objetivo toral de la empresa como quedar bien con sus trabajadores, clientes, proveedores y la comunidad, en lugar de maximizar utilidades para sus dueños, abrió varios frentes de un debate interesante.

Uno se remonta a la historia del capitalismo de las “partes involucradas” -stakeholders- en las dos décadas después de la 2ª Guerra Mundial, que sus adalides lo imputan al “patriotismo de la guerra y a un fuerte sentimiento de comunidad en el país, (en el que) las grandes empresas practicaban la política del buen vecino y sus directivos eran vistos como estadistas corporativos.”[1]

La verdad es que las políticas intervencionistas de Franklin D. Roosevelt (1933-45) y la planeación central adoptada durante la guerra para sustentar el esfuerzo bélico, crearon el clima propicio para seguir tales prácticas en tiempos de paz e implantar un sistema más próximo al socialismo que al capitalismo.

Ello explica que el Instituto Empresarial Americano (AEI)se trasladara de Nueva York a Washington en 1943 para promover la importancia de la propiedad privada en mercados competitivos y libres, bajo un marco jurídico definido por la sociedad e implementado por el Estado, pero sin su intervención directa.

EU era entonces la única potencia económica sin competencia y sus empresas no tenían rival, lo que les permitió laxitud en abatir costos al prevalecer estructuras de mercado no siempre competitivas. Mientras tanto, la URSS y sus satélites optaron por no competir y recluirse tras su cortina de hierro.

Al recuperarse las economías de Europa y Japón se generó mucha más competencia y se aceleró el avance tecnológico. Ambos fenómenos presionaron a las empresas a enfrentar a sus rivales con mayor innovación para abatir costos y eliminar personal superfluo.

Aún en el ambiente tóxico que se respira hoy, de ataques atroces a la economía de mercado y planes cada vez más insensatos para moverse hacia el socialismo, destacan las preguntas que hacen economistas capaces como Larry Summers al inquirir ¿quién y con qué autoridad va a supervisar a los empresarios, ahora convertidos en gestores sociales, en su nueva misión?[2]

¿Será el BR quien actúe como juez para decidir si lo están haciendo bien? Dada su nueva obligación con empleados, clientes y comunidad, ¿las empresas tendrán que pedirles permiso para reubicarse y bajar costos? ¿Se prohibiría su traslado fuera de EU aun sí es la única opción para sobrevivir?

¿Habrá quien supervise y apruebe si las empresas pueden adoptar nuevas tecnologías, que suelen ser al mismo tiempo innovadoras y destructivas, e implican despedir personal?

La respuesta a todas estas preguntas y muchas más de quienes aprueban o rechazan los nuevos mandamientos del BR, es que se requeriría de una instancia rectora y con la autoridad necesaria: Quién sino el gobierno en un esquema de control centralizado. ¡Qué paradoja, el BR encuentra la nueva ruta al Socialismo!