El artículo 3 de la Constitución señala en el primer párrafo: “Toda persona tiene derecho a la educación”. El segundo indica: “Corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por éste, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica”. Finalmente, en el cuarto párrafo se señala: “El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos”. En la misma línea, el noveno párrafo del artículo 4  dice: “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”.

De lo arriba señalado vale la pena destacar dos cosas. La primera es que en el artículo 3 constitucional el adjetivo calidad no aparece. La segunda es la obligación de que toda política pública dirigida a la niñez tiene que ser evaluada, lo cual tampoco está señalado en este artículo.

Las leyes en materia educativa que fueron aprobadas la semana pasada en la Cámara de Diputados van en contra de una educación de calidad y en contra del interés superior de la niñez al haberse avalado, por una parte, el ingreso al magisterio sin un examen previo de evaluación de conocimientos al garantizar las plazas a los egresados de las normales (contraviniendo lo establecido en el séptimo párrafo del artículo 3 constitucional) y, por otra parte, al cancelarse las evaluaciones periódicas de los profesores violentando, si no de letra sí de espíritu, la fracción IX de este artículo.

La acumulación de capital humano, entendido como el acervo de habilidades y conocimientos que poseen los individuos y que son utilizados en el proceso de producción en conjunto con los otros dos factores primarios de la producción (capital físico y tierra), es clave porque es el capital humano, tanto en cantidad como en calidad el elemento central detrás de  la innovación y la adopción de nuevas tecnologías de producción siendo éste, al aumentar la productividad factorial total, la principal fuente de crecimiento alto y sostenido. De ahí la importancia de tener un sistema educativo que provea un servicio de alta calidad que dote a los estudiantes de un acervo de capital humano que les permita, cuando se incorporen al mercado laboral, ser más productivos y estar más capacitados para adaptar y utilizar nuevas tecnologías de producción.

¿Cómo estamos en cuanto a la educación? Primero, la escolaridad media de la población es muy baja, apenas 9.2 años, con la Ciudad de México y Nuevo León con 11.1 y 10.3 años respectivamente, mientras que en el otro extremo están Chiapas, Guerrero y Oaxaca (los dominados por la CNTE) con 7.3, 7.8 y 7.5 años respectivamente.

Bajos niveles medios de escolaridad se ven agravados con una baja calidad de la educación. Así, por ejemplo, en la prueba PISA 2016 aplicada por la OCDE (próximamente se darán a conocer los de 2018) aplicada a alumnos de tercero de secundaria en 70 países, los estudiantes mexicanos quedaron en el lugar 55 en comprensión de lectura, en el 56 en matemáticas y en el 57 en ciencias.

Requerimos, sin duda más y sobre todo mejor capital humano para aspirar a mayores niveles de desarrollo y las reformas aprobadas van en sentido contrario. Es necesario que en el Senado corrijan lo que aprobaron los diputados del partido del presidente.

*Artículo publicado originalmente en El Economista