Hong Kong está sumida hoy en una situación cercana al caos, tras 18 semanas de manifestaciones, mayoritariamente pacíficas, pero con una represiva respuesta por parte de la policía, dependiente del gobierno local semiautónomo y de la dictadura de Beijing. La respuesta policial ha implicado cientos de heridos (algunos con arma de fuego) y miles de presos. Esto da sustento a la denuncia de muchos manifestantes de que Hong Kong “se ha convertido ya en un Estado policial de hecho”.

Las protestas han bloqueado carreteras, paralizado el aeropuerto, suspendido eventos internacionales (como la fecha del calendario de la Fórmula E), obstaculizado el dinamismo económico, y puesto sombras sobre el futuro de la ciudad, temiendo que China en cualquier momento intente una salida militar al conflicto o al menos, declare el “estado de emergencia”, para exigir la potestad de autorizar detenciones, censurar a la prensa, cambiar leyes, pasar por encima del Consejo Legislativo local (sesgado a favor de Beijing) o tomar el control total del transporte. Esto no deja de ser inquietante: Si Hong Kong se convierte en un campo de batalla militar, político o ideológico, la paz y la prosperidad se verán afectadas gravemente tanto en la ciudad como en el continente asiático, generando una elevadísima indignación internacional y empeorando la actual crisis.

El iniciador de esas protestas fue un proyecto de ley de extradición, promovido en febrero pasado por Carrie Lam, la Jefa del gobierno local dependiente de Beijing, que muchos temieron pudiera extender el poder de China sobre el sistema judicial hongkonés, que tradicionalmente ha sido independiente, imparcial y de muy altos estándares. El proyecto de ley imponía el arresto y la extradición de supuestos delincuentes a jurisdicciones con las que Hong Kong no tiene un tratado, incluido el territorio continental chino (un país donde los tribunales se atienen por completo a las órdenes del Partido Comunista, y donde éste persigue descaradamente a sus disidentes), lo que implicaría un manejo político de la justicia y un posible instrumento de intimidación, secuestro político y represión contra opositores al régimen chino, críticos y periodistas.

Hoy las demandas de los manifestantes en Hong Kong incluyen la retirada de la ley de extradición (que ya sucedió) y que las marchas no se categoricen como “revueltas”, lo que criminaliza a organizadores y participantes, un calificativo que sirvió para la represión de Tiananmen, en 1989. También quieren una investigación independiente en relación con las tácticas y la brutalidad de la policía, la liberación y amnistía para todos los manifestantes detenidos y la reactivación del proceso de reformas políticas en la ciudad, que debiera incluir el sufragio universal total para la elección de sus gobernantes. Sin embargo, nuevas demandas surgen y van acumulándose, agudizando el escenario.

Esto es muy complicado: Lograr mayor democracia y una real participación de los ciudadanos en su gobierno apenas está apuntado pero no implementado en la llamada Ley Básica, que convirtió a la ciudad en una de las dos regiones administrativas especiales de China (la otra es Macao), por un lapso de 50 años y por la cual, China recuperó la soberanía sobre Hong Kong el 1 de julio de 1997 y que concretó el compromiso de “un país, dos sistemas”, preservando así los fundamentos económico, político y legal capitalistas necesarios para el desarrollo de la ciudad en las siguientes cinco décadas. Sin embargo, con mucha valentía, los manifestantes están intentado ampliar su autonomía política, económica y jurídica, haciendo realidad esa consigna del Mayo del 68: “Sé realista: Pide lo imposible”. Son ciudadanos que saben todo lo que juegan y están actuando en concordancia con la gravedad del momento.

Es importante aclarar: Solo una minoría de los manifestantes apoya la demanda de plena independencia de Hong Kong, incompatible con la Ley Básica y con el principio de integridad territorial, tan caro para la dictadura china. La mayoría se ha decantado por exigir mayor democracia para defender el valioso y muy preciado sistema económico y judicial del territorio, que son la base de la prosperidad del país y de su gente, con libertades que no se disfrutan en el resto de China. Pero la dinámica de las manifestaciones pudiera congregar cada vez más apoyo a ese punto; incluso, ya se habla, al calor de las protestas, de un himno no oficial para la ex colonia británica.

Al respecto, Hong Kong ocupa el puesto número uno en el Índice de Libertad Económica del Fraser Institute, con Singapur, Nueva Zelanda, Suiza y EEUU detrás, completando el Top 5. Es una libertad que le ha permitido ser uno de los territorios más ricos del mundo. En dicho Índice, Hong Kong cuenta con excelentes calificaciones en el área de regulaciones a negocios, al crédito y al trabajo. La ciudad también ocupa el puesto 16 en el Índice de Estado de Derecho del Proyecto de Justicia Mundial, justo detrás de Japón y por delante, por ejemplo, de democracias consolidadas como Francia (17º), España (21º) e Italia (28º). Sin embargo, la calificación de su sistema legal aunque es alta, ha venido declinando gradualmente en los últimos años, según se puede ver en el Índice del Fraser, al menos desde los datos para 2010. Tal declinación y el intento de imposición de nuevas prohibiciones y la injerencia china en las instituciones de Hong Kong, dan base al miedo de muchos hongkoneses que temen que en 2047, cuando termine el estatus especial de la ciudad, ya no les queden libertades.

Para atenuar la crisis y explorar una salida seria a las protestas que comenzaron en junio pasado, Beijing debería reafirmar un firme respeto al principio de “un país, dos sistemas”: el Gobierno de China se haría un gran favor si lo expresara. Bastante tiene ya con una guerra comercial con Estados Unidos, que va para largo, como para correr el riesgo de implosionar por la periferia, a la manera de la ex Unión Soviética.

Las protestas de Hong Kong (donde al menos un tercio de los habitantes de la ciudad ha participado en ellas) son un claro ejemplo de lucha por los Derechos Humanos y por la libertad (una libertad sustantiva, no la de los discursos cursis, sino la de comprar y vender al precio que se quiera lo que sea, sin que se entrometa el gobierno) de una población que no quiere renunciar a ellos. Saben que donde quiera que se practican las ideas socialistas  y estatistas, como las que sigue la dictadura china, la vida empeora, se hace miserable. No hay una sola excepción a esta regla. Ni una sola.

Al respecto, el altísimo compromiso cívico de los hongkoneses contrasta con la deserción cívica generalizada en América Latina. Ciudadanos mexicanos que miran con indiferencia como el presidente López Obrador atenta contra la independencia judicial y contra los organismos autónomos. O argentinos que se preparan a votar alborozados por el Kirchnerismo, pasando por alto la herencia de corrupción, asesinatos y abuso de su anterior gobierno. O bolivianos y nicaragüenses que han visto, casi impasibles, las reiteradas violaciones constitucionales de los gobiernos de Evo Morales y Daniel Ortega. O venezolanos incapaces de unificarse frente a la dictadura chavista y que buscan que la “intervención externa” resuelva el problema que ellos mismos generaron. O peruanos que ven a lo lejos, en sordina, el reciente golpe de Estado del presidente Vizcarra, son muestras de una falta real de compromiso de los latinoamericanos con sus derechos y libertades.

Los ciudadanos de Hong Kong dan hoy una muestra, real, ejemplar, de valentía cívica y respeto a la libertad a los más bien fantasmales y esquivos ciudadanos latinoamericanos.