El Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés), acaba de publicar su informe 2019 sobre el nivel de competitividad para 141 países. En esta evaluación, México fue situado en el lugar 48, dos abajo respecto del correspondiente al informe 2018, aunque un avance de 18 y de siete lugares respecto de 2009 y 2013 respectivamente.

Si vemos por componentes del índice de competitividad tenemos lo siguiente (entre paréntesis el lugar ocupado en cada renglón): instituciones (98), infraestructura (54), conectividad de telefonía celular y de internet (74), estabilidad macroeconómica (41), salud de la fuerza laboral (60), educación, capacidades y destreza de la fuerza laboral (89), mercado de bienes (53), mercado laboral (96), mercado financiero (64), tamaño del mercado (11), dinámica de negocios (41) y capacidad de innovación (52).

Como puede observarse por el lugar que ocupan de entre los 141 países cada uno de los componentes del índice, las mayores debilidades relativas (y en muchos casos absolutas) son la calidad de las instituciones, la educación de la fuerza laboral y la situación que impera en el mercado laboral. La mayor fortaleza es el tamaño del mercado y solo porque somos un país grande con dos millones de kilómetros cuadrados y 125 millones de individuos (una comparación entre México e Israel, un país pequeño con una población de nueve millones y una superficie de 20 mil kilómetros cuadrados, arroja que el PIB por kilómetro cuadrado en nuestro país es de 611 mil dólares, mientras que el de Israel es de 18.5 millones de dólares).

De los tres componentes de mayor debilidad relativa, valen los siguientes comentarios.

Primero, la debilidad institucional. Al igual que otros índices de comparación internacional como por ejemplo el de Libertad Económica elaborado por el Instituto Simon Fraser (mismo que comenté aquí hace dos semanas), el eslabón más frágil de todo el arreglo institucional lo constituye la debilidad del estado de derecho. Una muy débil protección de los derechos de propiedad al igual que una muy deficiente garantía judicial del cumplimiento de contratos se agravan con una elevada incidencia delincuencial y, sobretodo, con una muy alta impunidad (96%) en la comisión de delitos del fuero común. Todo esto encarece la actividad económica y reduce la competitividad en el mundo.

Segundo, la calidad del capital humano de los trabajadores. Una de las mayores deficiencias que tenemos en México es la calidad del sistema educativo, uno diseñado para brindar servicios a una gran cantidad de individuos pero con muy poca atención en la calidad de este servicio, un sistema secuestrado por la burocracia y, sobretodo, por los sindicatos. Una población con una escolaridad media de apenas un poco más de nueve años (educación media básica) y de muy baja calidad (como lo muestran los exámenes estandarizados internacionales), se traduce en que sea relativamente más caro la introducción y adaptación de cambios tecnológicos en la producción, reduciendo no solo la competitividad sino también el potencial de crecimiento económico.

Finalmente, la situación del mercado laboral. Una regulación ineficiente de éste, junto con un arreglo del sistema de seguridad social que encarece relativamente el empleo formal en la economía, una excesiva e ineficiente regulación de los mercados que impone altas barreras de entrada y un desincentivo fiscal al crecimiento de las empresas se traduce en un mercado laboral caro e ineficiente. Un indicador es que cerca del 60% de los trabajadores son informales, es decir no tienen acceso al sistema de seguridad social y la mayoría trabaja en empresas muy pequeñas que no generan economías a escala. Esto reduce la competitividad.

Así estamos y no hay perspectivas de mejorar, menos aun mintiendo como sugirió Alfonso Romo.

*Artículo publicado originalmente en El Economista