America Latina arde. Chile, Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Haití se incendian en protestas de diversa magnitud. Claro, cada observador ve esas manifestaciones desde su conveniencia: las aplaude cuando son contra los gobiernos opuestos ideológicamente y las condena cuando son contra gobiernos ideológicamente afines. Denuncia la “represión” en Chile, Ecuador o Colombia, pero oculta y hasta justifica todo acto de violencia estatal en Bolivia, Nicaragua o Venezuela. En ese juego de disfraces, casi siempre terminan por minimizarse motivaciones y agravios de las miles de personas que están allí, en la calle, denunciando malos gobiernos de un signo o de otro.

Los problemas que explican dichas protestas son de diversas facturas y causas. Son multifactoriales. Pero algo las unifica y nadie ha hecho notar lo obvio: Protestan contra el gobierno, sin importar su signo ideológico. Hay en ellas un descontento generalizado contra el sistema político tradicional, contra unos gobernantes que no han sabido entender a las nuevas generaciones, a una creciente clase media que quiere conciliar sus expectativas con la realidad y que cree que, tras el el boom de los commodities y con la actual desaceleración económica mundial, podría volver a la pobreza en cualquier momento. Hay pues un gran descontento entre jóvenes y clases medias: ellos quieren cada día más cosas a cambio de menos esfuerzo, y esto es aprovechado por grupos para generar caos y violencia.

Las protestas en América Latina no son originadas (al menos no inicialmente) por el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla o el “Joker” (sic). No: son protestas que van contra el Estado, sea de derecha o de izquierda. Un Estado desfondado pero que insiste en ocupar todos los espacios posibles, en ser el sujeto estelar de nuestra historia, en mandar y que se le obedezca. Pero que hoy se enfrenta a poblaciones demandantes, que piensan que el Estado debe darles todo a cambio de casi nada. Es una crisis de expectativas incumplidas, producto de un gran fracaso político en América Latina.

Al margen, es útil comparar estas protestas con lo que pasa simultáneamente en Hong Kong. En Hong Kong, los ciudadanos pelean por un efectivo Estado de Derecho, por mayores libertades políticas, por preservar la envidiable libertad económica que salvaguarda sus propiedades. Luchan contra una dictadura que los amenaza. En América Latina ( y especialmente en Chile), muchos protestan contra el Estado, en cambio, transgrediendo el Estado de Derecho y violentando vida y propiedad de muchísimas personas, buscando mayor dependencia del Estado y nuevas cosas “gratis” a cargo del erario público. Luchan para que no les quiten las cadenas del cuello.

Desde sus orígenes, el Estado en Latinoamérica ha creído ser el actor estelar de la historia, el motor y la guía de sus sociedades. Dicho papel ha cambiado poco, sea con gobiernos de izquierda o derecha: unos y otros se creen sujetos centrales de las reformas y de los logros nacionales, “ogros filantrópicos” frente a sociedades que siempre están buscando a un mesías, alguien que las encabece y las salve, sea de izquierda o de derecha. Por eso América Latina siempre va a pendular entre extremos, como Brasil o México que prefirieron a proto-dictadores antes que a corruptos.

Durante el boom de las commodities, de 2002 a 2014, 56 millones de latinoamericanos salieron de la pobreza. Entonces los gobiernos fueron generosos en subsidios y regalos electorales, pues los recursos y los proyectos sobraban. Pero nunca hay bonanzas infinitas. La mayoría de ellos no ahorró para las vacas flacas. Los gobiernos de América Latina no supieron aprovechar el auge de las materias primas. Se pudo, por ejemplo, ampliar el acceso a la educación, mejorar la infraestructura, impulsar los servicios sociales o simplemente ahorrar, medidas que habrían hecho que los países estuviesen mejor preparados para una recesión económica como la actual en ciernes. En cambio, se prefirió (con la complicidad social) drenar los recursos a comprar clientelas electorales, al desperdicio y la corrupción. No debe sorprender, pues, una clase media que espera más de su sistema político: que protesta ante los precios del metro, sí, pero que rápidamente aglutina otras demandas, hasta la estratosfera.

Hay insatisfacción, frustración y enojo contra gobiernos de izquierda y derecha en América Latina, y sus élites políticas gobernantes. Esto por el bajo o nulo crecimiento económico y su irregular distribución, la percepción de injusticia social y corrupción, la sensación de vulnerabilidad financiera y la desconfianza en el gobierno y sus políticos. Pero en el fondo, por la franca deslegitimación del Estado latinoamericano. Así que esperar que sea el propio Estado quien ponga orden y dé una solución, será sólo agrandar el problema y tornarlo, a la vuelta de los años, en más grave. Una real solución efectiva a la insatisfacción y violencia presentes sólo puede prevenir del achicamiento del propio Estado, desmontando su importancia y su presencia asfixiante,  a fin de poner a las propias personas a cargo y responsabilidad de sus propias vidas.

Finalmente, cabe señalar que México y Brasil se han salvado de este tipo de protestas. Por ahora. En el futuro cercano, cuando sus gobiernos tengan más y más dificultades para cumplir las expectativas que generaron (especialmente en el caso de México), las protestas aparecerán con seguridad. Entonces hablaremos, con la misma ligereza con la que hoy se habla de “rebelión contra el neoliberalismo”, de “rebelión contra el neopopulismo”. Pero serán las mismas protestas contra un Estado que no se resigna a dejar su papel central y permitir que otras instancias intermedias (familia, sindicatos, partidos, iglesias, clubes sociales, universidades, ONGs, etc.) aglutinen y representen a la ciudadanía y lo vayan descargando de responsabilidades y hasta sustituyendo y jubilando, construyendo así un futuro mejor no a cargo del gobierno, sino de aquellas partes dinámicas y creativas de nuestras sociedades.