Las manifestaciones recientes en Colombia, tras las que han sucedido en Chile y otros países de la región, han sido el pretexto para seguir hablando de un supuesto complot del Foro de São Paulo o bien, del Grupo de Puebla, de una “subversión castro-chavista” a nivel continental. No deja de ser curioso como este tipo de ideas se parecen como un calco a lo argumentado en La Habana o Caracas, cuando sus dictaduras hablan de un complot de EEUU, la derecha neoliberal, la CIA, la USAID o Uribe al referirse a alguna manifestación en su contra. 

Hoy el mundo presencia manifestaciones sociales masivas, en lugares tan distintos, desde Santiago hasta Hong Kong, pasando por Teherán y Barcelona. Pero es un error tratar de encontrar una motivación única, un origen común a todas ellas.

Al respecto, la llamada Primavera Arabe, que entre 2010 y 2013 afectó a 18 países que entonces tuvieron fuertes convulsiones sociales, con muy distintas motivaciones y conclusiones dispares, enseñó que no puede hablarse de fenómenos globales y generalizables, ni siquiera en regiones con cierta uniformidad: Cada caso, país por país, debe analizarse con detenimiento e involucrando un gran conjunto de factores en el análisis: Desempleo juvenil, estado del sistema educativo, penetración de las redes sociales, cobertura de Internet, condiciones políticas, lealtad de las Fuerzas Armadas con el régimen, existencia o no de liderazgos y organizaciones políticas, capacidad de interlocución del gobierno, situación de la economía, la existencia o no de canales de participación para procesar institucionalmente el descontento, actores internacionales posicionados en el conflicto, y un largo etcétera. No puede hablarse solo de un complot internacional en contra del régimen. Ese fue el discurso de todos los gobiernos entonces, como lo es hoy. Repetirlo es ignorar las motivaciones reales, muchas veces justas, de la gente de carne y hueso que protesta.

Ese discurso no sólo criminaliza la protesta, toda protesta, e incita a un mayor autoritarismo en el manejo de esas crisis. También prepara el terreno para una mayor intolerancia contra toda crítica por parte de regímenes hasta ahora democráticos, como los de Colombia, Chile y otros, muy en la línea de regímenes como los de Cuba o Venezuela, o la creciente agresividad del gobierno mexicano de López Obrador, donde toda crítica es parte de una conjura, una forma de “peligrosidad predelictiva” a la cubana y hasta de terrorismo por parte de supuestos agentes extranjeros, para legitimar la posibilidad del silenciamiento o incluso la represión violenta contra cualquier opositor.

El fantasma de la conjura internacional como motivación detrás del vandalismo anárquico es esgrimido por todos: desde Sebastián Piñera hasta Raúl Castro, pasando por Lenin Moreno. Por supuesto que ha habido violencia en varias de las protestas, que debe castigarse, pero de ninguna manera puede generalizarse a todos los manifestantes, muchos de ellos pacíficos. Y por supuesto que las protestas han sido explotadas mediáticamente por los gobiernos bolivarianos, que a través de Telesur o RT y sus otros canales propagandísticos, las magnifican enfáticamente mientras ocultan la represión sistemática en Venezuela, Nicaragua o Cuba. Pero si se quiere hablar con bases de intervenciones directas de estos gobiernos en las agresiones a otros, éstas tendrían que documentarse con todo rigor, cosa que hasta ahora no se ha hecho, en ningún caso.

Al final, derechas e izquierdas latinoamericanas fundamentan hoy una doble distorsión: presentan a opositores y críticos de sus gobiernos como violentos, cuando son mayoritariamente pacíficos, y como agentes extranjeros, mercenarios, cuando lo que moviliza sus protestas es, fundamentalmente, un conjunto de causas específicas y muchas veces legítimas: alzas de precios, endeudamiento de estudiantes, mala calidad en servicios públicos, rebaja de pensiones, avasallamiento a la autonomía de comunidades indígenas, conflictos post-electorales concretos como el boliviano, o las evidencias de concentración del poder y violaciones flagrantes a la legalidad en Venezuela, Bolivia o Nicaragua.

Vemos pues, que la apelación al fantasma de la intervención imperialista, el vandalismo antisocial o a la criminalización de la oposición no son patrimonio único de las izquierdas latinoamericanas. También lo está siendo, peligrosamente, cada vez más de las derechas de la región. ¿Quienes hablan, sin pruebas y sí con muchos prejuicios, de una “conjura castro-chavista continental” no se dan cuenta que su idea es muy parecida al tópico de la “intervención imperialista” esgrimida por las dictaduras de izquierda para criminalizar, acallar y agredir a sus críticos?

Si queremos salvaguardar la libertad y trabajar por ella, debiéramos ser más cuidadosos en nuestros argumentos y ver a quienes y para qué sirven.