Finalmente fue aprobado el presupuesto en abierta violación a la Constitución y diversas leyes que de ella emanan, principalmente la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, misma que establece que a ningún proyecto de inversión pública se le pueden asignar recursos presupuestarios si no se cuenta con todo el paquete de evaluación socio - económica del proyecto, incluidos los de impacto ambiental (como son los casos de la refinería en Dos Bocas, el aeropuerto en Santa Lucía y el tren Maya), así como que ningún programa de gasto público será aprobado ni le serán asignados recursos si no tiene reglas precisas y transparentes de operación.

El presupuesto es uno de los principales instrumentos de política pública (el otro es la regulación de los mercados) y su composición refleja la visión del gobernante sobre lo que quiere para el futuro inmediato -y mediato- del país. Del presupuesto aprobado se desprenden varias cosas. Primero, al presidente con una visión a la Luis XIV, le estorban los contrapesos y la rendición de cuentas, como quedó claro con la significativa reducción del presupuesto asignados a los órganos autónomos del Estado.

Segundo el presidente está utilizando el presupuesto para comprar lealtades con propósitos electorales con programas de transferencias directas de recursos que incrementan el ingreso corriente de los beneficiarios pero que no se traduce en una mejora en aquellos elementos que les permitan mejorar permanente su situación (como serían un significativo gasto en educación y salud de muy alta calidad). Ejemplo es el notable incremento en el presupuesto asignado a la Secretaría de Bienestar para programas que son básicamente transferencias no condicionadas que no cambian el acervo de capital humano de los individuos receptores.

Tercero, el presidente tiene la imagen del México de finales de la década de los setenta y principios de los ochenta cuando el sector petrolero era uno de los principales sectores de actividad económica al representar una parte significativa del PIB, de las exportaciones y de los ingresos públicos. Esto ya no es así y es ilusorio pensar que el petróleo y Pemex serán la palanca del desarrollo nacional. Esto, sin embargo, no implica que no haya que seguir fortaleciendo a la empresa ni buscar mayores rentas petroleras, pero hay maneras más inteligentes y eficientes de hacerlo, como no construir una refinería y destinar esos recursos a la exploración y extracción de crudo y reactivar las rondas de asignación de campos y las asociaciones con empresas privadas (farmouts).

Cuarto, dado que el sector público enfrenta una restricción presupuestal muy dura, que hay un enorme nivel de gasto que no se puede no cubrir como son sueldos, pensiones y el servicio de la deuda y que se inclinó por favorecer transferencias corrientes, es un presupuesto que refleja que el crecimiento económico no es una prioridad para el presidente, sobre todo al considerar que la inversión pública sin Pemex estará el próximo año en niveles de apenas el 2% del PIB, mismo que no se había registrado desde principios de la década de los sesenta del siglo pasado.

Dado que el sector público prácticamente no va a invertir en infraestructura, es que se vuelve indispensable para el crecimiento del próximo año y más aún para años futuros, que el sector privado invierta. Supuestamente, el Plan Nacional de Infraestructura implicaría inversión en comunicaciones y transportes por alrededor de 150 mil millones de pesos. Habrá que ver si con la incertidumbre en materia de estado de derecho esta inversión se materializa o, peor aún, la promesa de darle importancia a la inversión privada no vuelve a ser una vacua promesa.

*Artículo publicado originalmente en El Economista