Como si las cosas en México estuvieran para bollos (con una economía estancada durante ya 12 meses, y una cifra récord histórica de homicidios, secuestros, extorsiones…, entre otras calamidades), el gobierno mexicano decidió iniciar un conflicto con el nuevo gobierno boliviano, un conflicto que ha servido a uno y otro gobierno para agitar los fantasmas del nacionalismo, el machismo político y la demagogia, evitando tratar lo sustancial.

En el caso de México, el gobierno del presidente López Obrador inició el episodio protestando por la vigilancia policiaca fuera de la residencia de la Embajadora mexicana en La Paz, María Teresa Mercado… vigilancia que él mismo pidió, para protegerse de las protestas promovidas por los seguidores de Evo Morales. Al respecto, la residencia acoge alrededor de una decena de personas a las que el Gobierno interino de Bolivia acusó ante la Justicia de varios delitos, entre ellas algunos antiguos ministros del expresidente Evo Morales procesados por acusaciones como terrorismo, en relación a las protestas citadas contra la Presidencia de Jeanine Añez.

El conflicto escaló cuando, el viernes pasado, se detuvo a “cuatro encapuchados armados” que acompañaban al personal diplomático de España a la residencia de la embajadora mexicana en Bolivia, en una “visita de cortesía”. La presidenta Añez dio un plazo de 72 horas para abandonar el país a la embajadora de México, María Teresa Mercado; a la encargada de negocios de la embajada de España, Cristina Borreguero, y al cónsul de ese país, Álvaro Fernández, y al grupo de funcionarios encapuchados, tras el incidente.

Aparentemente, el grupo de encapuchados, en conjunto con la embajadora mexicana y los diplomáticos españoles, buscó orquestar una posible fuga de Juan Ramón Quintana y Héctor Arce, exministros de la Presidencia y de Justicia respectivamente de Morales, y del exdirector del Gobierno Electrónico boliviano, Nicolás Laguna, responsable del escándalo electoral que a la postre fue detonante de la caída de Morales. Tal versión tiene mucha credibilidad, vistas las circunstancias alrededor del incidente. En tal sentido, la expulsión de todos los diplomáticos tiene fundamentos y fue correcta, al buscar trasgredir violentamente la legalidad del país.

Al respecto, no tiene ninguna razón el gobierno de López Obrador al protestar por dicha determinación. Es más: El primer provocador en la ahora muy mala relación entre ambos países fue el propio gobierno mexicano, al reconocer, primero, a un gobierno fruto de un fraude electoral; después, al ofrecerle asilo a Evo Morales cuando éste ni siquiera lo había solicitado, calificando como ilegítimo al gobierno de Añez, que puede o no gustarnos, pero está allí cumpliendo la propia constitucionalidad boliviana, y al final, permitiendo y consecuentando a Morales en México un indebido activismo político.

Pero el gobierno mexicano tiene razón en dar asilo a los implicados. Aunque la supuesta tradición de asilo político mexicano es, en muchos casos, una mera superchería para alimentar el ego nacional. Abundan los casos del uso político y convenenciero de tal política. El propio caso de Evo Morales es testimonio de ello: Se buscó proteger a un dictador impresentable por mera afinidad ideológica. Pero la protección de los perseguidos por causas políticas debe ser una prioridad en cualquier estándar de Derechos Humanos, con independencia de la opinión que pueda tenerse de los señores Quintana, Arce, Laguna y otros de los refugiados.

Probablemente los señalados son “criminales que han cometido delitos de terrorismo y sedición”, como acusa el gobierno boliviano. Pero solicitaron refugio al Estado mexicano y tal refugio debe dárseles. Eso implica no entregarlos sin un debido proceso legal al gobierno de la presidenta Añez, quien parece estar actuando como una versión espejo del gobierno de Maduro, persiguiendo a sus opositores y exigiendo su entrega incondicional. Defender sin análisis el punto de vista del gobierno boliviano, es hipócrita después de atacar los mismos argumentos usados por la dictadura venezolana contra sus opositores.

Quizá el ex ministro Quintana sea una pieza clave para descubrir, como se ha argumentado, el supuesto financiamiento del narcotráfico a los partidos de izquierda (incluyendo a López Obrador y al partido español Podemos), o los trasiegos de droga a EEUU vía La Habana. Pero eso no le corresponde definirlo a ninguno de los gobiernos implicados en el conflicto ni cancela sus derechos y garantías individuales, ni los de los otros refugiados. Como liberales, sabemos que tales derechos y garantías aplican para todos, no sólo para los de nuestro espectro ideológico.

Sé que adherirse acríticamente a la versión y demandas del gobierno boliviano (o el del mexicano) gana aplausos. Pero se falla a la verdad y al Derecho. En todo caso, los aplaudidores de uno u otro gobierno debieran exigirles no usar el conflicto para distraer de los apuros que los afligen: El caso Bartlett y sus pésimos resultados de gobierno en el caso de López Obrador, y la convocatoria a elecciones libres e imparciales por parte de la presidenta Añez. No hacerlo es faccioso, incurriéndose en un doble discurso.

Dicho esto, sólo me resta más que desear a todos los amables lectores de este medio que todos sus proyectos se cumplan en este 2020. ¡Feliz Año Nuevo!