Primero la buena noticia. El INEGI dio a conocer el Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente a diciembre. La tasa de inflación para todo el año pasado fue de 2.83%, la segunda menor tasa desde que este índice se empezó a estimar en 1969. La estabilidad de precios alcanzada (aunque persisten ciertas presiones como lo indica la inflación subyacente que se situó en 3.59%) es el resultado, sin duda, de contar con un banco central autónomo e independiente en las decisiones y manejo de la política monetaria.

Quienes no vivieron las épocas de altas y variables tasas de inflación que se iniciaron con las políticas fiscales y monetarias expansivas durante la llamada “docena trágica” de los gobiernos de Echeverría y López Portillo, quizás tomen la estabilidad lograda como algo natural, como un dato más, pero su importancia no puede soslayarse. La inflación es la distorsión más grave que un gobierno puede introducir en la economía ya que distorsiona los precios relativos y la asignación de recursos, introduce un alto grado de incertidumbre sobre las tasas de interés desincentivando el ahorro financiero, hace mucho más complicado estimar el rendimiento de la inversión en capital por lo que ésta tiende a ser menor y es un impuesto expropiatorio de la riqueza, dañando relativamente más a las familias de menor ingreso.

Hay quienes en la “izquierda” postulan que es papel del Banco apoyar el crecimiento con una política monetaria expansiva quitándole su autonomía, sin entender que la principal contribución que un banco puede hacer al desarrollo económico es, precisamente, la estabilidad de precios. Vulnerar la autonomía del Banco es simple y sencillamente inaceptable. El costo de la inestabilidad sería enorme.

Y ahora las malas que son varias. Primero, aunque la producción industrial creció ligeramente en noviembre en 0.8%, el nivel es 1.7% inferior al de noviembre del año pasado. Más aún, la producción de la industria manufacturera está 2.2% por debajo de hace un año y al interior de ésta destacan las caídas en la producción de bienes de consumo duradero como resultado de la menor demanda de estos bienes ante el estancamiento de la economía, las expectativas de un significativo menor crecimiento futuro y la reducción de la actividad manufacturera estadounidense.

Una segunda noticia mala es lo relativo a la creación de empleos formales registrados ante el IMSS. Como resultado del estancamiento de la economía generado principalmente por causas internas (incertidumbre jurídica, subejercicio del gasto público, etcétera), durante el año pasado se crearon únicamente 342 mil empleos (la menor desde 2013) con un crecimiento de solamente 1.7%, el peor desempeño desde la “gran recesión mundial” en 2009 cuando el empleo formal cayó en 1.2%. Como señalé en mi artículo de la semana pasada, la estrategia de crecimiento, si es que ésta existe, no está funcionando y es tiempo de corregir.

Finalmente la tercera noticia mala, no porque no haya más sino porque ya no hay espacio para comentarlas (como es la muy errónea política energética), es el desastre que ha sido el arranque del INSABI. En ese afán destructivo que ha caracterizado a este gobierno, se canceló el Seguro Popular que, a pesar de lo que dijera el presidente, sí era un seguro y sí era popular. Bajo el nuevo sistema de salud, el cual no es financiable, la atención médica de tercer nivel, que antes se cubría con el Fondo de Gastos Catastróficos que se había constituido con aportaciones de los asegurados (y del cual el gobierno simplemente se lo apropió), así como otros tratamientos como el cáncer, ahora tienen que ser cubiertos por los pacientes. Un desastre que cuesta vidas.

*Artículo publicado originalmente en El Economista